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Comerciantes, hosteleros y autónomos han unido fuerzas para reclamar un plan de ayudas eficiente al Gobierno central que evite el cierre masivo de negocios ... en la zona afectada por la dana del pasado 29 de octubre. La Confederación Española de Comercio (CEC), la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y Hostelería de España solicitan «apoyo urgente» a la administración central por medio de medidas como el adelanto del 50% de las indemnizaciones por parte del Consorcio o la puesta en marcha de un programa de subvenciones extraordinadrio.
El pequeño comercio considera que las ayudas otorgadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez «son insuficientes y ponen en riesgo la recuperación de miles de empresas» sobre todo si se hace una comparativa con las aportadas por el gobierno autonómico. «De las ayudas anunciadas por el Gobierno central, sólo el 9% son directas, una cifra totalmente insuficiente que no ayuda en el camino hacia la reconstrucción. El dato contrasta con el gobierno autonómico que ha destinado el 61% a ayudas directas, pese a que la Comunidad Valenciana es una de las regiones más infrafinanciada», indican las organizaciones empresariales en un comunicado.
En ese sentido, comerciantes, hosteleros y autónomos exigen «un paquete de ayudas extraordinarias que incluya subvenciones directas para la rehabilitación y reapertura de los pequeños establecimientos dañados».
El cierre de empresas comienza a ser una realidad pasados cuatro meses desde la tragedia, ya que buena parte de los pequeños negocios afectados -un 50%, según las tres asociaciones empresariales- tampoco han recibido las indemnizaciones correspondientes por parte del Consorcio. Por ello, desde CEC, ATA y Hostelería de España se insta al Gobierno a negociar con el Consorcio un adelanto del 50% del pago de los seguros a empresas de menos de 5 trabajadores con el objetivo de «evitar la pérdida de un tejido empresarial, imprescindible para el desarrollo, impulso y la recuperación de la economía local de las zonas afectadas».
Desde las tres organizaciones empresariales consideran que la situación es «crítica e insostenible» y que el Gobierno central «es el único que tiene capacidad suficiente de poder destinar los recursos necesarios para evitar este desastre». El pequeño comercio advierte de que se deben tomar medidas con carácter urgente y responsable, ya que de no hacerse «más del 30% de los negocios morirán, dejando a las poblaciones sin tejido empresarial, sin servicios vitales, provocando la destrucción de la principal fuente de empleo».
Cabe recordar que el pequeño comercio representa buena parte del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, de modo que tres cuartas partes de las empresas afectadas por la riada corresponden al sector servicios. Por tanto, desde las asociaciones de comercio, hostelería y trabajadores autónomos denuncian que las pérdidas millonarias en estos sectores , que ascienden hasta los 1.700 millones, «no solo afectan a los trabajadores y empresarios locales, sino que pone en riesgo la estructura empresarial y la estabilidad económica de la provincia y de la comunidad autónoma».
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