Los comercios dudan si les conviene reabrir sin clientes ni instrucciones específicas

Los comercios se debaten entre la ilusión del que empieza a «ver luz al final del túnel», tras el cierre de la mayoría de establecimientos para frenar la expansión del coronavirus, y las dudas que suscita la posibilidad de reabrir «sin un protocolo claro sobre cómo actuar» e «incertidumbre total sobre la demanda» y el futuro de los trabajadores, con las prometidas ayudas públicas todavía pendientes de cobro.

«No sabemos si se ampliarán los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor o si el 11 de mayo habrá obligación de recuperar a todo el personal», explica el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, quien advierte de que «si no prorrogan los ERTE va a ser un solar porque se va a tardar muchos meses en recuperar la demanda, muy ligada al turismo, y la inmensa mayoría de comercios no va a poder aguantar«.

Sin tener claro qué medidas de seguridad debe adoptar cada tienda y, sobre todo, cómo costearlas y pagar todos los gastos de estructura mientras esperan a los clientes, según Torres, «muchos piensan que a lo mejor son más rentables cerrados que abiertos».

Y así lo constatan también desde las gestorías y despachos profesionales, que reciben un aluvión de consultas y quejas sobre el plan de desescalada que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según el presidente del Colegio de Gestores Administrativos, Joaquín Giner, «el problema es la falta de concreción y regularización de lo que se dice», sin concretar cómo actuar en cada sector. Y alerta de que «muchos comercios no abrirán porque no les es rentable, puede suponer una ruina absoluta«, mientras continúa el »colapso absoluto« de los ERTE y »la Administración, confinada, con servicios mínimos y el aparato funcionarial parado«.

Para el decano de los titulares mercantiles, Juan José Estruch, «lo razonable es que la extinción de ERTE por fuerza mayor también se escalone« porque »con las restricciones propuestas por el Gobierno, las empresas difícilmente van a poder abrir y ser rentables« y, en esa situación, »será diligente quien decida no abrir, sin poder asumir ni los salarios«.

A la incertidumbre se suma la responsabilidad que recae sobre estos profesionales, «obligados a dar soluciones interpretativas a primera lectura de real decreto y no morir en el intento» si su criterio pasa factura al cliente, asegura Iván Mañas, presidente de la Asociación de Oficinas y Despachos (Ofydes) en la Comunitat, quien augura que la «avalancha normativa» derivará en una «saturación en los juzgados».