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JUAN SANCHIS
Viernes, 7 de mayo 2021, 00:38
valencia. La Albufera es ahora una prioridad para el gobierno del Botánico. La consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, ha remitido una carta a la Autoridad Portuaria de Valencia y al Ministerio de Transición Ecológica en la que pide la suspensión cautelar del proyecto de ampliación hasta que no se termine de redactar el nuevo plan de ordenación de recursos naturales (PORN) del parque.
La responsable del área de Medio Ambiente del Consell irrumpe así en el debate sobre la ampliación y utiliza la Albufera para defender la paralización del proyecto en la línea defendida por su compañero de partido Joan Ribó.
La beligerancia adoptada ahora por Mollà con la Albufera contrasta con la lentitud con la que la conselleria ha acometido numerosas actuaciones pendientes en el parque natural. El gobierno del Botànic ha tardado seis años en iniciar la redacción de un plan de usos (PRUG) de la Albufera después de que el Tribunal Supremo lo suspendiera en parte en 2012.
Además, las inversiones del Consell en la Albufera son mínimas y este año en los presupuestos de la Generalitat apenas se destinan 1,7 millones, de los que sólo 50.000 corresponden al departamento de Mollà y el resto a Política Territorial.
En la misiva, Mollà recuerda a las dos administraciones que la puesta en marcha de la revisión del PORN, iniciada en diciembre y que se puede prolongar algunos años, podría vulnerar las medidas cautelares que han entrado en vigor. Estas afectan a la cuenca hidrográfica de la Albufera que en estos momentos se está revisando y comprende una extensión de 91.700 hectáreas repartidas a lo largo de 57 municipios.
En opinión de Mollà las medidas condicionan el proyecto de ampliación del puerto y recuerda que estas están orientadas a velar por la preservación de los valores ambientales mientras dure la tramitación del nuevo instrumento de ordenación.
En concreto, la consellera se refiere al texto del preámbulo del decreto en el que se prohíben las «acciones que modifiquen o deterioren sustancialmente, de forma irreversible, la realidad territorial y medioambiental cuya ordenación y gestión son objeto del plan de tramitación».
También apunta en la carta a que el decreto alude en su apartado primero al cumplimiento de la Ley Valenciana 11/94 de espacios naturales protegidos. En concreto, el artículo 28 reconoce entre las medidas cautelares la «prohibición de realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica o hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido».
La consellera recuerda que el PORN actualmente en vigor, y que data de 1995, ya instaba a abordar de manera global y definitiva la regresión de la fachada litoral «como consecuencia de la ampliación del puerto de Valencia» señalando que la «regeneración de las playas no se realizará, en ningún caso, con arena procedente de los fondos marítimos cercanos».
Además, la consellera acude también a la Red Natura 2000 para reforzar sus argumentos. La consellera solicita en la misiva la suspensión cautelar del proyecto aludiendo a esta legislación europea que también ampara al parque y explica que la declaración de impacto ambiental de 2007 reconoce la posibilidad de que el espacio protegido se vea afectado por la ampliación del puerto por la alteración de la dinámica litoral y los procesos regresivos.
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