Que Feria Valencia no entre en concurso de acreedores a partir del 31 de marzo. Esa es la máxima prioridad que ha acordado el comité ejecutivo del ente, del que forma parte tanto el Consell como el Ayuntamiento de Valencia y la Cámara de Comercio, que también apostó por hacer pública la solicitud de una ayuda a la Generalitat de hasta 9,2 millones de euros que se sume a la anterior de 800.000 ya desbloqueada para lograr una inyección total de 10 millones.
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Hasta el momento, la máxima transferencia que permitía la Unión Europea a una empresa privada sin autorización, que hoy por hoy es la situación de Feria Valencia, era de 800.000€ pero se ha ampliado hasta los 10 millones. En cualquier caso, la conselleria de Hacienda asegura que la cuantía definitiva de una posible ayuda dependería de las pérdidas que la entidad pudiese certificar, así como de las necesidades derivadas por lo que la cantidad aún está en el aire. Aún así, con esta petición se cubren las espaldas por si finalmente fueran necesarios más fondos.
Los plazos son muy ajustados ya que si no hay una solución antes del 31 de marzo Feria Valencia entrará en quiebra técnica y se verá abocada al concurso de acreedores por la deuda que arrastra. Además, la falta de liquidez con la que vive debido a la pandemia de coronavirus, que ha obligado a suspender casi la totalidad de los eventos, complica los pagos a corto plazo. Con este movimiento, que pretende solucionar las dos cuestiones, se certifica que se actuará en los próximos plenos del Consell ya que tras la solicitud del comité ejecutivo la conselleria de Economía, que es la que cuenta con las competencias, puede comenzar a tramitar la ayuda.
Lo que por el momento no está claro es cómo se materializarán estos fondos ya que aunque la Unión Europea los permite no se confirma la vía. De hecho, si la subvención no puede llegar de forma directa tampoco se descarta un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el denominado banco público que podría jugar un papel fundamental. Esta opción incluso ha ganado fuerza ya que métodos similares se han utilizado en la Institución Ferial Alicantina (IFA).
La inyección total, que ascendería hasta 10 millones, va en consonancia con las previsiones que el mismo órgano valoró en octubre de 2020 y que preveía unos fondos extra de hasta 11 millones si la actividad ferial no se reanudaba lo antes posible. Algo que lamentablemente se ha confirmado con la anulación de la feria del azulejo de Cevisama, la principal cita de la entidad. Sin embargo, se ha podido recortar algo por el esfuerzo de los ERTE, que han reducido costes.
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Estos millones permitirán solucionar el concurso de acreedores al que habría acudido la entidad por el proceso de reestructuración de la deuda, que teóricamente debía devolver a la Generalitat pese a no tener capacidad real. Esta cuenta, pese a la intención de ser asumida por parte de la Generalitat cuando Feria Valencia sea una empresa pública, aún no se ha solucionado y algunas partes apuntan que su eliminación puede ser utilizada como contrapartida para reducir los costes y el personal actual.
La reunión tuvo lugar después de que la semana pasada el Ayuntamiento de Valencia aprobara el pacto alcanzado con la Generalitat por el que la administración autonómica se quedará con los terrenos del recinto, valorado en 517 millones. El acuerdo implica la transformación a medio plazo de Feria Valencia en una empresa pública, algo que también ha respaldado el comité ejecutivo.
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