El Consell duplica el plazo para tramitar ERTE y los agrupa por sectores tras recibir 41.300 solicitudes en marzo

Más manos y menos burocracia para tramitar la «avalancha enorme» de solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) recibidas en la Comunitat por el coronavirus, cerca de 41.300 al cierre de marzo, que en veinte días abocan al paro –temporalmente– a uno de cada ocho trabajadores, 234.285 en total.

Eso es, en síntesis, lo que demanda la Conselleria de Economía para desatascar la tramitación de la que depende que las empresas perjudicadas por el estado de alarma se ahorren las cotizaciones y sus trabajadores, inmersos en esas suspensiones temporales de contrato o reducciones de jornada, cobren cuanto antes la prestación oportuna.

Para lograrlo, el conseller Rafael Climent anunció este miércoles que ampliarán «de cinco a diez días» el plazo para resolver los ERTE por fuerza mayor, como autorizó recientemente el Ministerio de Trabajo. En declaraciones a ÀPunt, avanzó que también tienen ya el visto bueno estatal para, en vez de resolverlos uno por uno,«agrupar los expedientes por CNAEs», en alusión a los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Con esos cambios, junto a otras medidas telemáticas para ganar agilidad, Climent prevé «en cuatro o cinco días haber sacado entre el 60 y el 70% de los expedientes» .

Y es que también el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia alertó del «colapso» que implica ese volumen de ERTE, así como de las dificultades para que los afectados cobren en abril la prestación correspondiente a marzo, como publicó este periódico. Entre otras cosas, porque para tramitarla se requiere el número concreto de expediente, que no se obtiene al solicitar el ERTE. Según Climent, están «buscando fórmulas para tener el número de expediente» a tiempo para que cobren en plazo, «antes del día 10, cuando se paga el paro».

Para resolver el atasco burocrático, Economía reforzó con treinta personas a los diez funcionarios que tramitan los ERTE y prepara nuevos refuerzos en la Dirección General de Trabajo y también en Labora –antiguo Servef–, encargado de tramitar ayudas como las de 750 y 1.500 euros para autónomos, que el Consell aprobará definitivamente mañana y Climent espera conceder «a finales de abril o principios de mayo», tras dar quince días para presentar la documentación.

Economía reorganizó a su personal para reforzar esas dos áreas, además de recibir voluntarios de otras consellerias que han trabajado en esos departamentos para regresar de manera temporal. En total, otras 35 personas de refuerzo, con previsión de llegar a 50 esta semana, según detalló el subsecretario, Natxo Costa.

El 'president' Ximo Puig indicó, tras reunirse con patronal y sindicatos, que ha trasladado al conseller de Hacienda, Vicent Soler, la necesidad de «ver de qué manera se puede reforzar al máximo» el equipo encargado de tramitar los ERTE para «gestionarlos de la manera más rápida«.

En esa reunión, CCOO y UGT propusieron medidas para ayudar a trabajadores, unos 60 millones para complementar el sueldo de afectados por ERTE, según el nivel de renta, y otros seis para quienes reduzcan su jornada para cuidar a niños o mayores. Ese plan podría concretarse hoy para que el pleno lo apruebe también mañana, informa Europa Press.

Cabe recordar que los afectados por ERTE no tienen que realizar ninguna gestión para recibir la prestación correspondiente, ya que es la empresa quien comunica sus datos al servicio público de empleo para tramitarla.

En cualquier caso, para resolver dudas de tipo laboral o empresarial (no sanitario), la Generalitat habilitó el teléfono gratuito 900353135, 24 horas al día, en paralelo a la atención a desempleados por parte de Labora, con más de 10.000 consultas resueltas vía WhatsApp, el correo labora@gva.es y las redes sociales de @GVALabora.

Mientras el Consell, patronal y sindicatos negocian iniciativas que complementen las ayudas estatales, las alarmas acerca de la factura económica del Covid-19 no cesan. Desde Femeval apuntan que el 77% de las empresas metalúrgicas reducirá su actividad o parará a corto plazo por el cese de actividad de clientes o la falta de suministros y materiales, mientras siguen sin generalizarse las medidas que anunció el Gobierno.

Y también entre el 80% y el 100% de su facturación esperan perder la mitad de empresas asociadas a Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa, vinculadas al parque de proveedores de Ford.

En ese contexto, la Asociación Empresarial de Oficinas y Despachos (Ofydes) reclama al Gobierno «que se deje de improvisación» y alerta de que los cambios continuos de normativa pueden acarrear errores y sanciones.