Economía propone convertir a Feria Valencia en una empresa privada con control público

La conselleria de Economía ya ha definido su propuesta para refundar Feria Valencia, un proyecto que se ha demorado durante años y que era necesario para resolver el limbo legal en el que se encontraba el organismo. La fórmula elegida pasa por rechazar el pretensión inicial de convertir el ente en una empresa pública y mantenerlo como privado con una tutela del Gobierno eficaz y amparada por la ley.

Feria Valencia, el complejo del sector más antiguo de España, existe desde antes que las leyes que la rigen y su actual modelo de asociación de interés público no resolvía qué era en esencia, lo que ha generado un verdadero dolor de cabeza para administraciones, sectores económicos y hasta las mismas actividades que realiza por su indefinición. Si el plan de la conselleria de Economía sale adelante pasará a ser una corporación de derecho público, una apuesta que rige a la actual Cámara de Comercio o los colegios profesionales.

Este modelo cambia algo tan significativo como la naturaleza de la institución pero en la práctica apenas realizaría variaciones en su estructura ya que los cuatro principales actores que componen su dirección continuarán siendo los mismos, los empresarios que participan en los eventos, la patronal, la Cámara de Comercio y el mismo Consell, que ejercerá la tutela. Eso sí, permitirá mucha más libertad en todos los sentidos.

La fórmula busca que Feria Valencia sea una organización más independiente que a medio plazo pueda depender menos de fondos públicos, que podrán llegar a representar hasta el 50% de su facturación. Además, contempla la futura entrada de inversores privados externos para parte del recinto, que ahora podrá realizar más actividades complementarias.

La iniciativa de Economía, departamento encabezado por dirigentes de Compromís, también fue presentada a la conselleria de Hacienda, liderada por socialistas, y a los empresarios implicados y está abierta a introducir modificaciones. Desde Hacienda no quisieron hacer ninguna valoración sobre el contenido y se limitaron a apuntar que necesitan tiempo para poder estudiar el plan y pronunciarse. Eso sí, quisieron remarcar que el proyecto tiene que ser "sostenible en el medio y largo plazo" y apuntaron que la estructura es solo una vía para conseguirlo. También insistieron en la necesidad de optimizar los usos de las infraestructuras y evaluar nuevos usos complementarios con la actividad ferial siempre que sean de carácter público.

Los empresarios aceptaron la propuesta como una base y en los próximos días también realizarán sus propias aportaciones. Actores fundamentales como la Cámara de Valencia recordaron que este proyecto es solo "el instrumento" para llegar a objetivo de relanzar la gestión y realizar más y mejores eventos.

Pese a todo, aún quedan dudas por despejar como qué pasará con la cuenta acreedora por la que Feria Valencia debe a la Generalitat la deuda subrogada y si el nuevo modelo privado casa con una condonación.

El departamento encabezado por Rafael Climent quiere aprobar el proyecto mediante decreto en las próximas semanas y una vez entre en vigor pueda pasar por Les Corts para perfilarlo.

La gigantesca deuda de más de 400 millones que arrastra Feria Valencia desde la reforma de su recinto y que el nuevo modelo no termina de solucionar también generará un impacto en las cuentas de la institución. Aún así, desde la conselleria de Economía se apuntó que se espera que no obligue a declarar la quiebra.

El Consell considera que con la elección del modelo, la cesión de los terrenos a la Generalitat por parte del Ayuntamiento de Valencia y la futura autorización de una ayuda extraordinaria por parte de la Unión Europea se pueda reconducir la situación de Feria Valencia ya que aún figuran en sus cuentas esa enorme deuda que lastra su situación y amenaza con la quiebra. En concreto, está representada como una cuenta acreedora por la que a nivel teórico debe ser devuelta a la Generalitat de. Aunque en la práctica es casi imposible y la condenaría al cierre.

Antes del 31 de marzo se aprobarán unas cuentas con pérdidas de 92 millones como consecuencia de todo este proceso y esto, de una forma u otra, deberá estar registrado. Pese a todo, la conselleria de Economía confía en que el auditor que tiene que expresarse en este sentido no sea muy duro y que permita cierto margen de actuación ya que el departamento encabezado por Rafael Climent tiene claro que en los próximos meses se deberá cerrar el proceso de asunción de la deuda y antes de 2022 estará solucionado. Aún así, en la conselleria de Hacienda, que lidera este proceso, tienen sus dudas y no aclaran si podrá ser una realidad.