El Consell da a Intu una semana más para aportar un millón y seguir con el proyecto

El plazo inicial concluía este martes y la promotora envió un escrito para solicitar "una ampliación prudencial de al menos un mes adicional", según explicaron ayer fuentes del departamento que dirige Arcadi España. El objetivo, especificado también en el documento, intentar conseguir la garantía financiera solicitada por la Administración valenciana.

Para Intu, el plazo concedido "es extremadamente corto" y, además, apela a las dificultades actuales derivadas de la crisis económica del Covid pues resultad "complicado" para los operadores económicos acceder a las garantías financieras de bancos o cajas de ahorro. A ello se suma "la burocracia interna de las entidades", lo que alarga la aprobación y constitución de este tipo de garantías.

En este sentido, la promotora del macrocentro comercial solicita ampliar el plazo por "las consecuencias" que podría tener para ella no presentar dicha garantía, que es necesaria para volver a realizar una evaluación ambiental del proyecto (como recoge la sentencia del TSJ de la Comunitat de 2019) y avanzar en la tramitación de la ATE.

Con la argumentación dada por la promotora, la conselleria ha accedido a ampliar el plazo. Eso sí, una semana más (cinco días hábiles), que es lo que contempla la normativa sobre las ATE: menos de la mitad del período de 15 días que se había dado inicialmente.

Así, Intu dispone hasta el día 15 para aportar el dinero o un aval bancario. En caso contrario, la conselleria procederá la "caducidad" de la ATE por desestimiento. No obstante, según recogía Europa Press, desde Política Territorial y Paisaje se ve con "preocupación" que la promotora tenga problemas para aportar un millón ya que la inversión prevista en el complejo comercial supera los 800 millones.

Este requerimiento se produce después de que en julio de 2020, el Tribunal Supremo rechazara el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJ de la Comunitat (2019) que anulaba la resolución de 2016 de la Conselleria de Obras Públicas, que denegaba la propuesta de la ATE Puerto Mediterráneo y pedía al gobierno valenciano un nuevo informe ambiental, por lo que el procedimiento volvía a la situación anterior a la resolución de la conselleria.

En este escenario, la conselleria envió un primer escrito a Intu tras haber publicado en el DOGV una reseña de la resolución del conseller para que aportara la garantía de un millón –estipulada en la propia ATE– en un plazo de 15 días. Desde entonces han pasado casi tres meses y dicha garantía no ha sido constituida.