El Consell acelera la reversión de las ITV tras forzarle el Supremo a subir los precios

La Conselleria de Economía encabezada por Rafael Climent y otros dirigentes de Compromís pisa así el acelerador a pocos meses de la fecha límite y de cara a que decaiga a finales de año la concesión actual, que tenía una vigencia de 25 años. El nombre elegido es el de Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, Sociedad Anónima.

Tal y como figura en el decreto, la firma que nacerá tras una inversión inicial de 60.000 euros contará con naturaleza privada pese a estar adscrita a la Generalitat y tener capital público. Un mecanismo habitual y que, entre otras cosas, hará más fácil el proceso para asumir la plantilla de trabajadores de las siete concesionarias de las ITV valencianas.

Desde el Consell se apunta que la sociedad podrá ser organismo de verificación de control metrológico a los efectos del control de taxímetros, según lo dispuesto en la ley de Metrología y realizar cualquier otra actividad accesoria o complementaria al servicio de inspección técnica de vehículos. De hecho, la posición oficial pasa por construir nuevas estaciones en puntos como Torrent.

El principal punto de conflicto de cara a la reversión, y que ya se evidencia en el decreto, van a ser las estaciones de ITV de Redován y Orihuela (San Bartolomé). Las mismas estaban erigidas desde antes de que la Generalitat asumiese las competencias sobre la materia y se construyeron de forma privada, por lo que la reversión de las instalaciones no podrá ser efectiva. Esta situación ha llevado a la Generalitat a dejarles la infraestructura pero retirarles la licencia. Un movimiento que en el futuro llevará a que se deje de contar con el servicio en la zona si no hay nuevas aperturas.

El motivo principal esgrimido por los partidos que firmaron el pacto del Botánico para materializar esta reversión ha sido que la gestión está salpicada por el caso Erial, en el que se investigan irregularidades en la concesión que tuvo lugar bajo el mandato del expresidente Eduardo Zaplana. Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y dirigente de Compromís, así lo ha ratificado hoy.

Desde la Conselleria de Economía también se tiene el objetivo de bajar las tarifas actuales, que recientemente han sido elevadas, y de abrir nuevas estaciones. Como base para estos cambios utilizan un informe externo que asegura que si se asume el servicio podrían generar un beneficio para las arcas públicas de 39 millones frente a los entre 7 y 19 de una nueva concesión, lo que creen que deja margen para actuaciones.