El Consell ofrecerá ventajas fiscales a los dueños que alquilen por debajo del precio de mercado

Los propietarios de viviendas tendrán beneficios fiscales si alquilan por debajo del precio de mercado que establezca en su zona el Informe de Precios de la Vivienda que estrena el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana. Así lo ha anunciado la consellera de Vivienda, María José Salvador, adelantando próximas decisiones del Pleno del Consell.

El Ejecutivo valenciano aprobará bonificaciones fiscales en el IRPF del 5% hasta 3.000 euros y facilidades en ayudas a la rehabilitacion. La consellera ha asegurado que el objetivo es que este índice sea vinculante a la hora de arrendar inmuebles, aunque hoy no es legal y para ello son necesarias medidas a escala nacional que Salvador confía en que se tomen y que asegura que se están negociando.

El informe, que se podrá consultar online y tendrá actualizaciones periódicas, ya ha detectado 45 zonas de la Comunitat Valenciana en las que se han producido alzas de precio del 20% en un año. Las cifras que ha ofrecido Salvador para una vivienda en Valencia de 90 metros, construido en los años setenta, se encuentra «en las zonas más tensionadas», arrendamientos de 432 a 692 euros. Sin embargo, las zonas de tipo medio se sitúan entre 276 a 432 euros. Las cifras provienen del Registro de Finanzas de Arrendamientos de la Comunitat con 220.000 datos, aunque únicamente se han utilizado 50.000 casos hasta el pasado 8 de noviembre y deberá cribarse más.

La intención declarada de la conselleria es añadir información y transparencia al mercado, identificar precios excesivos en el alquiler privado. También se quiere disponer de una referencia objetiva por parte de la Administración y posibilitar políticas públicas para favorecer el alquiler asequible.

En todo caso, desde la conselleria se insiste en que acepta que el alquiler privado de viviendas libres es un precio de mercado. Sin embargo, se considera que existen situaciones de «mercado tensionado y desequilibrio en el poder de negociación, que llevan a un disfuncionamiento de mercado». Desde la Administración se entiende que ese disfuncionamiento genera un impacto negativo sobre la satisfacción del Derecho a la vivienda.