El Consell rechaza la estrategia de las ITV de ganar tiempo hasta las elecciones

Los responsables de la Conselleria de Economía que pilotan el proceso de reversión del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no están dispuestos a aceptar que la concesión actual se alargue más allá de las elecciones autonómicas que tendrán lugar entre abril y mayo de 2023. Los dirigentes de Compromís que encabezan el departamento se apoyan en los funcionarios para ofrecer una moratoria de en torno a dos meses, pero se niegan a alargarla más.

Así lo confirman desde el equipo liderado por Rafael Climent, que sigue adelante con la estrategia pactada entre los partidos de izquierda para asumir el servicio de forma directa una vez termine el actual contrato de 25 años. Con el argumento político de que estas adjudicaciones están bajo investigación en el marco del caso Erial que ha llevado a la imputación del expresidente Eduardo Zaplana quieren que el servicio vuelva a ser público.

Sin embargo, en el Consell son conscientes de que el decreto del Estado de Alarma abre la puerta a compensaciones por la paralización de la actividad. Como la movilidad estuvo restringida durante 53 días proponen los dos meses, aunque desde la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova) creen que el plazo tiene que ser superior. Si su postura se impone les permitiría ganar tiempo y llegar a los comicios autonómicos en los que confían que haya un cambio de mayorías en Les Corts que impulse un nuevo Consell más afín a sus intereses. Pero los plazos son muy ajustados.

La Generalitat y las concesionarias se citarán en las próximas semanas para tratar de desbloquear esta cuestión. La voluntad de las dos partes es llegar a un acuerdo, pero la realidad es que las posiciones permanecen enfrentadas y no se descarta que la prórroga ni siquiera sea una realidad y la compensación se haga vía indemnizaciones. O incluso que este frente termine también judicializado.

El enfrentamiento entre las empresas adjudicatarias empezó en el último Gobierno del PP presidido por Alberto Fabra a raíz de imponer una bajada de precios que fue replicada en la época del Botánico y más tarde declarada ilegal en los tribunales, lo que obligó a subir el precio de las tarifas actuales en la Comunitat Valenciana. Con esta base, ahora hay un nuevo frente por el que las concesionarias reclaman indemnizaciones millonarias por todo lo que dejaron de ingresar las firmas durante años.

Una primera resolución judicial ha rechazado sus argumentos, lo que lastra esta estrategia. Pese a todo, el director gerente de Aseguramiento Técnico de Calidad SL, que cuenta con uno de los lotes de la adjudicación de las ITV, ha interpuesto una reclamación en la que solicita una indemnización de 10,5 millones de euros por la última bajada de las tarifas que tuvo lugar entre 2019 y 2022 «Los concesionarios no tenemos el deber de soportar ese daño, de algo que ha resultado anulado por los tribunales», se destaca en el escrito presentado.

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