Hasta dos propuestas de promotores fueron rechazadas por la Generalitat, en concreto por la Conselleria de Vivienda, para retomar las obras en el edificio paralizado desde 2011 en Sociópolis, que pertenecía al extinto Ivvsa y que está situada en la zona más próxima al barrio de la Torre.
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Una situación que contrasta con uno de los principales anuncios de la semana en materia económica: la creación de un observatorio de colaboración público-privada, acordado en la reunión que mantuvieron el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de la CEV, Salvador Navarro, que veía cómo se materializaba una de las principales reivindicaciones de la patronal.
El observatorio se centrará en obras públicas y vivienda y fue el vicepresidente segundo del Consell y titular de esta materia, Rubén Martínez Dalmau, quien avanzó que Sociópolis entraría en ese escenario. Según Dalmau, la colaboración público-privada es ahora «esencial» para llevar a cabo proyectos como el Plan Hábitat 20-30, que pretende duplicar el parque público valenciano en diez años hasta alcanzar las 35.000 viviendas. «Debe tener solución ya», dijo.
De ahí que fuentes del sector empresarial hayan pedido a la Generalitat «concreción» en esa iniciativa y en la propuesta de cesión de 45 parcelas públicas para la construcción de vivienda social. «Hay que ponerse a trabajar ya», insistieron las mismas fuente, que también recordaron que no hay avances en los planes de vivienda.
El director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), Alberto Aznar, reconocía a este periódico la existencia de una propuesta de una constructora por la estructura del edificio paralizado en Sociópolis, que preveía 184 pisos. Asimismo, recordó que el complejo está incluido dentro del acuerdo con el Ministerio de Transportes para inyectar financiación en aquellas promociones de vivienda pública paralizadas. Un compromiso que se rubricó en marzo de 2019 (tras anunciarse en enero) pero que no se ha materializado todavía al no existir nuevos Presupuestos Generales del Estado.
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Además de este inmueble, la Generalitat también dispone de otra parcela de 1.316 metros cuadrados serigrafiada para uso residencial. Ambas se pusieron a la venta en 2015; en el caso del edificio de las dos torres salió a subasta pero quedó desierta en las cuatro convocatorias habilitadas con precios que oscilaron entre los 6,9 y los 4,24 millones.
Otro proyecto que también se intentará retomar con la colaboración público-privada es la carretera CV-95 entre Orihuela y Torrevieja, en concreto su ampliación y conversión a autovía debido a los problemas de congestión de tráfico que se registran.
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En este caso, en 2007 fue licitada y adjudicada por 466 millones bajo la fórmula de concesión (peaje en sombra, como la CV-35). Pero no llegó a construirse al rescindirse el contrato en 2012, lo que costó a la Generalitat un desembolso de diez millones tras la sentencia del TSJCV.
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