El Consell reduce a tres meses los plazos administrativos para abrir un negocio

Según detalló Mazón, las diferentes medidas que componen este plan (que ha requerido hasta 300 reuniones con diversas asociaciones e interlocutores empresariales y sociales) se irán aprobando a lo largo de este año y el que viene. Entre las medidas principales, destacan la implementación del silencio administrativo positivo por defecto en todos los supuestos que permita el Estado o en causas que concurran al interés general y la concesión de una declaración responsable para determinados casos, de manera que permitan empezar la actividad sin necesidad de haber recibido antes la lucencia .

En este segundo punto, Mazón hizo hincapié en que se reforzarán las inspecciones y el control para aquellas personas incumplan con esa declaración. También se incrementarán las sanciones, que pueden llegar al millón de euros. «Flexibilizamos la actividad económica pero protegemos el interés común bajo premisa de que quien la hace, la paga. Pasamos del presunto culpable al presunto inocente pero si se demuestra culpabilidad caerá el peso de la Administración», afirmó.

Estas declaraciones se pondrán en marcha junio en distintos lugares. «Sea cual sea la Administración, desde el primer día se podrá abrir la persiana y generar riqueza. Prohibimos requerir documentación a la administración si ya ha presentado la declaración responsable», agregó.

Otra de las novedades es la creación de una oficina de simplificación y del gobierno del dato «Analizará procedimientos administrativos y propondrá la eliminación de tramites y dato único. Esto es solo dato para todas las administraciones. No tendrá coste de personal sino que reubicaremos personal», señaló Mazón.

También contempla la creación de los proyectos de interés estratégico para habilitar su tramitación de manera urgente y preferente. «Para su declaración se debe ver la contribución al desarrollo económico en términos de empleo, riqueza y sostenibilidad. Los titulares de estos proyectos dispondrán de ventanilla única de solicitud y una sola interlocución que coordinará el ejercicio de las competencias y órganos de administraciones afectadas», especificó.

«También crearemos el canal empresa, que dará a luz noviembre 2024 y permite tener una trazabilidad de los expedientes para conocer en tiempo real en qué mesa de quién está parado su expediente», subrayó y añadió que también se creará un repositorio común para que todos los documentos se encuentren en un único ciclo. «Evitando así pedir dos veces la misma documentación. Este canal se pondrá en funcionamiento en septiembre de 2024 y se irá desarrollando», indicó.

Otro aspecto de este plan es el de las figuras colaboradoras de certificación y declaración de responsabilidad visada, que estará en marcha el primer cuatrimestre de 2025. «Para agilizar las personas podrán obtener el certificado por una entidad colaboradora de verificación de la documentación que deberá presentar ante los órganos públicos. Es decir, abrimos la puerta a que colegios profesionales, cámaras y asociaciones pueden expedir los documentos que les permitan iniciar la actividad económica desde el primer día», explicó.

Además, destacó que con un 'click' mediante firma electrónica el ciudadano podrá acceder a cualquier documento o tramitación personal de subvenciones. Esto está previsto para principios de 2025. En este punto también se contempla que la Administración disponga de los medios necesarios para facilitar el acceso a las personas con dificultad digital. En junio de 2024 estará disponible el canal presencial y en 2025 el digital

Además, habrá un eje para la Administración. «Crearemos el registro único de documentación para el ciudadano en junio de 2025. Toda la información en un mismo lugar. Se acabó pedir lo mismo dos veces y se acabó el vuelva usted mañana para traer la misma documentación», indicó. A esto Mazón sumó que entre enero y marzo de 2025 se pondrá en marcha el gestor común de expedientes. Eso sí, admitió que todo esto no será posible sin la colaboración municipal. «Todos los ayuntamientos y entidades locales deberán aprobar un reglamento de simplificación administrativa para dar desarrollo la directriz autonómica. La Generalitat ayudará», afirmó.