La construcción pide reactivar licitaciones y un plan de inversiones para evitar otra crisis

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) o la Cámara de Comercio son dos de las organizaciones que hace unos días reclamaban al Gobierno la vuelta a la actividad económica cuanto antes para evitar un «impacto dramático» en el empleo. Una petición a la que se suma el sector de la construcción que, aunque regresó al trabajo tras la hibernación previa a la Semana Santa –con la excepción de las obras en edificios habitados–, tiene una parte importante todavía paralizada.

Se trata de los procesos de licitación y contratación de las obras públicas, que quedaron en suspenso mientras esté vigente el estado de alarma, salvo alguna excepción, como los procedimientos relacionados con el propio estado de alarma o aquellos indispensables para el funcionamiento básico de los servicios. «O reactivamos los plazos para dar soporte no sólo a la construcción sino al sector de las consultoras e ingenierías o llegará una nueva destrucción de empleo y empresas», advierte el director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés.

Un informe de esta entidad cifró en 383 millones la inversión paralizada en la Comunitat por el bloqueo de los proceso de licitación debido al Covid-19. Por ello, y para evitar una nueva crisis en el sector, solicitan la reactivación de las contrataciones de las Administraciones Públicas para que, una vez se supere la pandemia por coronavirus, la recuperación sea más rápida «y la nevera no esté vacía».

Miñés apunta que la suspensión de los plazos implica «un efecto pernicioso para la construcción» y «un retraso irrecuperable» para las licitaciones que estaban en marcha (duplicación de la N-220, expropiaciones para un tramo del by-pass, renovación de la terminal del aeropuerto o construcción de colegios, etc.) e, incluso, para algunos modificados de obras en ejecución, como las del tercer carril de la V-21.

Como recuerda, tras la agricultura, «somos el sector que más intensivamente empleamos mano de obra: 22 empleos directos e indirectos más otros siete inducidos por cada millón de euros invertido«. Otra cifra: hay 14.930 empresas de construcción en la Comunitat, casi el 12% microempresas.

E insiste en que, como los procedimientos de licitación que se utilizan en la actualidad se realizan por vía electrónica, es factible levantar la suspensión y retomar los plazos, por lo que lo único que quedaría pendiente es el inicio de la obra.

Para ese «día después» los contratistas también reclaman a las tres administraciones (estatal, autonómica y local) un plan de impulso de nuevas licitaciones de infraestructuras de servicios públicos «para relanzar la actividad del sector y que tengamos obras vivas ya para el segundo semestre de 2020».

La tercera petición va dirigida a los ayuntamientos, a quienes los contratistas proponen que utilicen los fondos del superávit «para la finalización de la ejecución de nuevas infraestructuras y obras públicas municipales«. Eso sumado a una «aceleración» de licencias urbanísticas (uno de los problemas que arrastra la construcción y la promoción inmobiliaria) y a dar prioridad a las declaraciones responsables, «que evidentemente serán vigiladas a posterioridad en cumplimiento de la normativa» pero que, actualmente, según Miñés, «permitirán afrontar la recuperación del sector».

Por último, los contratistas también apuntan a la importancia que tendrá la colaboración público-privada en la obra pública en el proceso de recuperación de la economía tras la pandemia del coronavirus.