La construcción valenciana critica las medidas antiinflación porque dejan fuera al 95% de la obra pública

«Desde su aprobación el pasado 1 de marzo no ha dejado de suscitar dudas y consultas en el sector de la obra pública», explican desde Fevec, que tacha de «maraña administrativa» los decretos propuestos por el Ministerio de Transportes y alerta de que numerosas empresas se juegan su supervivencia ante un incremento de los costes que supera el 30%.

En concreto, sólo el requisito de que las obras tengan que tener una duración superior a un año para poder solicitar una revisión de precios ya deja fuera al 80% de ellas, que tienen una duración inferior a 12 meses, según el informe publicado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) el pasado martes.

El presidente de Fevec, Francisco Zamora, se hace eco de este estudio, que alerta de «la ineficacia» de los actuales reales decretos. «No dan solución a los problemas de las pequeñas y medianas de empresas de un sector que de cara a septiembre se enfrenta a una situación límite, puesto que estarán abocadas al cierre o a presentar concurso de acreedores», manifiesta el dirigente valenciano.

En ese sentido, Zamora califica de «ridículo y una ofensa» para las empresas valencianas de la construcción que el Gobierno «tarde meses» en articular una respuesta válida para este colectivo y que las medidas previstas dejen fuera a más del 95% de las obras públicas.

Ante este panorama, Fevec advierte del posible abandono de obras y cierre de empresas, así como la destrucción de empleo y de las empresas auxiliares del sector de la construcción. Por ello, la patronal insta a las administraciones a que contemplen la posibilidad de abrir vías de diálogo con los colectivos implicados para asegurar las garantías de las empresas licitadoras y ganar en eficiencia y agilidad administrativa.

En su informe, la confederación propone un tercer Real Decreto-ley de revisión excepcional de precios que incluya a las obras comenzadas desde 2021. El objetivo es permitir, especialmente a las pymes, acceder a la revisión de precios.

A juicio de CNC, también deberían de incluirse aquellas obras que hayan estado en ejecución durante el pasado año y cuya aprobación de la certificación final por parte del órgano de contratación haya sido anterior a la entrada en vigor del RD-ley 3/2022.

«Hay que evitar que la espiral inflacionista paralice el sector y provoque un shock que aboque a más constructoras al abandono de su actividad. Los dos Reales Decretos-ley aprobados no han ayudado a las empresas a mitigar el tremendo impacto del coste de las obras», manifiesta el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén.