La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) reclama a las tres administraciones (central, autonómica y local) un plan de inversiones prioritarias por valor de 10.900 millones con el objetivo de reactivar la economía tras la paralización por la pandemia de Covid-19. "Un plan para que el día después, y finalizado o atenuado el estado de alarma, el despegue y recuperación económica sea lo más rápido posible", advierte el director-gerente de la organización empresarial de la construcción, Manuel Miñés, que se suma así a las peticiones de reactivación urgente planteadas estas semana desde entidades como la CEV, AVE, Cámara Valencia o Fedacova.
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"Hablamos de infraestructuras en el sentido generalista y como sostén y esqueleto de la sociedad, de la reducción del paro creando empleo y de apoyo a la economía productiva", explica, por lo que "no son sólo carreteras, cemento o ladrillo", sino también infraestructuras educativas, sanitarias, asistenciales, hidráulicas, de transporte o culturales. En este punto, cita, por ejemplo, la reforma pendiente del Palacio Marqués de Dos Aguas, sede del Museo Nacional de Cerámica, pendientes desde hace más de veinte años.
Unas actuaciones que se plantean en un horizonte de diez años y que también contemplan partida para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras actuales. Según los contratistas, "en esta necesaria y urgente recuperación, que ya era difícil en diciembre de 2019 con una tesorería en quiebra, debe primar tanto por parte de la Administración central como por la Generalitat un importante incremento de inversiones en infraestructuras prioritarias".
En este sentido, desde la organización recuerdan "el estado actual de la situación económica de la Comunitat, que cerró 2019 siendo el farolillo rojo de las comunidades autónomas en cuanto a endeudamiento". Por ello, insisten en "incrementar la inversión pública" por tres vías: presupuestaria, fondos europeos (sobre todo para movilidad) y colaboración público-privada.
Respecto a las actuaciones, el Plan de Cercanías, la conectividad Renfe-FGV o corredor mediterráneo (con los nodos logísticos correspondientes) figuran en el apartado de transportes, además de proyectos como la ampliación del by-pass.
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En infraestructuras educativas, finalizar el Plan Edificant, "que la conselleria deriva hacia los ayuntamientos, muchos de los cuales no tienen equipos técnicos propios para acometer el proyecto básico". Y enumera el centro que deberá ubicarse en el parque de ingenieros de Valencia o los IES de Sagunto, Vinaròs, Llíria u Onda, así como la rehabilitación del antiguo colegio mayor Lluís Vives.
En el área sanitaria, el nuevo espacio Roís de Corella en Gandia, sacado a licitación antes de decretarse el estado de alarma, o las obras en la antigua Fe. Y en el apartado medioambiental, tanques de tormentas, obras hidráulicas contra sequías e inundaciones o eliminación de vertederos incontrolados.
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Además del plan para las inversiones prioritarias, la Cámara de Contratistas también ha puesto sobre la mesa la petición para que se retomen «cuanto antes» tres obras en carreteras cuyos procedimientos, «muy avanzados», quedaron paralizados cuando se suspendieron los trámites administrativos al decretarse el estado de alarma. Se trata de actuaciones que, según Manuel Miñés, tienen anualidad presupuestaria asignada para este año y podrían perderse hasta 11 millones, por lo que deberían formalizarse «de forma urgente». «Hay un proyecto por provincia», explica.
Así, figura el proyecto de adecuación del túnel de San Juan en Alicante para dotarlo de las medidas de seguridad que la Unión Europea reclama y cuyas ofertas se presentaron el 4 de marzo. En el caso de Castellón está pendiente la mejora de la seguridad, ampliación de plataforma y reordenación de accesos de la N-238 de Vinarós y el enlace con la AP-7.
Mientras, en Valencia, el proyecto pendiente de formalizar desde hace más de dos meses es la duplicación de la calzada de la carretera N-220 de acceso al aeropuerto, que incluye también una mejora de la accesibilidad al polígono de Fuente del Jarro. Este contrato cuenta con una adjudicación provisional y una partida de cuatro millones para este año.
Este contrato supondrá una inversión de 91 millones y cuenta con un plazo de ejecución de tres años. El departamento que dirige José Luis Ábalos dio luz verde a esta licitación a mediados de diciembre, justo una semana después de un nuevo atropello mortal en esta carretera, en concreto en las inmediaciones del aeropuerto. De ahí que la obra incluya una pasarela peatonal para conectar tanto el casco urbano del municipio como su zona industrial con el aeródromo.
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