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La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana se sumó ayer a la propuesta lanzada por Seopan (la patronal nacional de grandes concesionarias y constructoras) sobre la necesidad de implantar el pago por uso de las vías de alta capacidad españolas. Una especie de peaje de entre 9 y 19 céntimos (vehículos ligeros y pesados, respectivamente) para las autovías, según el informe presentado este miércoles.
Para el director-gerente de los contratistas valencianos, Manuel Miñés, la propuesta es «la única fórmula viable» para obtener ingresos que, a su vez, se destinen a mejoras y a nuevas infraestructuras, tanto de transporte como hidráulicas. En este sentido, un informe elaborado en 2017 cifró en casi 5.200 millones las inversiones urgentes en la Comunitat en estas dos áreas.
«Es también la única para que España pueda cumplir con los números que marca Bruselas y con los objetivos de la Agenda 2030. Sin olvidar que vamos contra la tendencia en Europa, donde se aplica la euroviñeta», recordó Miñés. En este sentido, aunque 23 países europeos tienen tarificada la totalidad de su red viaria, en España sólo el 17% de las carreteras son de pago.
Sobre esto, Miñés apuntó otra cifra: el gasto o inversión pública en transporte en Alemania, Francia o Italia es un 40% menor que en España «porque acuden al usuario y no al contribuyente», lo que les permite reservar los fondos públicos para otras categorías de gasto social«.
Por ello, los contratistas valencianos consideran «fundamental» disponer de un modelo de infraestructuras que «aporte los recursos necesarios, sin detraer fondos del Estado que deben destinarse a atender las crecientes necesidades de gasto social».
De ahí la propuesta de establecer el pago por uso en autovías, que en el caso de la Comunitat afectaría a carreteras como el by-pass, la V-30, la V-21 o la AP-7 (liberalizada desde el pasado 1 de enero e incorporada a la red estatal como vía de alta capacidad«. ¿Cómo? Mediante un sistema digital que permita cobrar el peaje sin necesidad de que el vehículo se pare, en línea como lo defendido el pasado diciembre en Valencia por la Asociación Española de la Carretera.
Quien también se pronunció sobre la medida de Seopan fue el exministro de Fomento Íñigo de la Serna, que consideró que la cuantía es más del triple de la última propuesta sobre el tema. Durante un acto en A Coruña se mostró partidario de que cualquier propuesta en este ámbito cuente «con el mayor consenso posible». De hecho, es la máxima que siempre ha mantenido el actual Ministerio de Transportes, que ya intentó abrir este debate el pasado verano.
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