La huelga del transporte que estaba prevista para los días 20, 21 y 22, y que se desconvocó 'in extremis' el viernes por ... la noche, ya tiene sus primeras consecuencias. Las organizaciones que representan al gran consumo cifran en 250 millones los sobrecostes que han tenido que asumir para hacer frente a esta convocatoria con el objetivo de asegurar el abastecimiento para los consumidores, dado que los días de los paros se enmarcan en los días de mayor consumo del año por las fiestas de Navidad.
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Planes de contingencia para avanzar la recepción de mercancías, aumento –y adelanto– de fabricación de determinados productos, sobredimensionar plantillas o duplicar rutas de reparto son algunas de las medidas que han tenido que adoptar algunas compañías para garantizar el suministro a los hogares. Todo ello ante la incertidumbre de que se alcanzase finalmente un acuerdo entre el sector de los transportistas y el Ministerio de Transportes, dado que la convocatoria de los paros se anunció el 10 de noviembre y se celebraron hasta seis reuniones.
Un aprovisionamiento de productos «que perfectamente se podían haber evitado» las compañías del sector del gran consumo, según recoge el comunicado remitido por las cinco principales entidades: la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES); la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que engloba a 30.000 empresas y cuyo presidente de honor es el empresario valenciano Juan Roig; la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), con asociados como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea; la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y la Federación Española de Industrias Alimentarias y Bebidas (FIAB).
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Los transportistas desconvocan los paros gracias a un acuerdo 'in extremis'
Las entidades, que lamentan haber sido excluidas de la mesa de diálogo pese al «gran impacto» que tienen algunas de las medidas acordadas, resaltan la importancia de «seguir trabajando desde un modelo de colaboración que permita garantizar la competitividad y productividad del sector, especialmente en el actual contexto de recuperación económica».
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Aunque celebran la desconvocatoria de los paros y entienden la situación «compleja» que atraviesan los transportistas desde hace tiempo, consideran que el acuerdo llega «muy tarde» y que se ha tensado la cadena de suministros. «Se ha prolongado demasiado la negociación; no entendemos cómo se ha llegado hasta el viernes anterior a la convocatoria prevista de paros», asegura Ignacio García, director general de Asedas, una organización empresarial que suma 19.000 tiendas y compañías asociadas como Mercadona, DIA, Lidl, MasyMas o Consum.
Precisamente ese avance del calendario sin que se produjese un acercamiento en las negociaciones, y con una protesta de camiones el miércoles por las calles de Madrid como anticipo, hizo que «todos los eslabones de la cadena hayamos incurrido en enormes costes», apunta. Todo ello, además, en un contexto marcado por el encarecimiento de las materias primas y los costes energéticos.
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Ya a comienzos de esta semana la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estimaba que el paro, finalmente desconvocado, ocasionaría pérdidas de 3.600 millones, que es la facturación de los 600.000 comercios al por menor que desarrollan su actividad en España y que realizan el 20% de su facturación anual en los días más importantes de Navidad, según detallaron en un comunicado.
Raquel Sánchez prevé que el decreto del acuerdo se apruebe en febrero
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró este sábado que el compromiso del Gobierno central es que el acuerdo con los transportistas de mercancías quede recogido en un decreto ley «como máximo a finales de febrero», según recoge Europa Press.
«En el menor tiempo posible, queremos aprobar ese Real Decreto Ley y aplicar cuando antes las medidas», ha dicho en declaraciones a los periodistas durante el Congreso Extraordinario del PSC en Barcelona. La ministra calificó de «acuerdo histórico» el alcanzado entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) de mercancías y el Gobierno.
El CNTC ha explicado que el acuerdo con el departamento de Sánchez, que llegó tras una jornada de 11 horas de negociación, recoge la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga, una «reivindicación histórica del sector en beneficio de las condiciones laborales de sus trabajadores». También se ha acordado «reducir a la mitad los tiempos de espera, a partir de los cuales el transportista tendrá derecho a una indemnización, así como el trato a dispensar a los conductores en los centros de carga y descarga».
Además, se va a incorporar «de forma imperativa en la ley» la cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos de transporte, «sin posibilidad de pacto en contrario» para «equilibrar» las relaciones de los transportistas con los clientes. Y el ministerio se habría comprometido a no implantar peajes al transporte pesado sin el consenso previo con el sector.
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