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CARLOS BONELL
VALENCIA.
Lunes, 13 de febrero 2023, 00:03
Las recientes decisiones del Gobierno y del Consell en favor del agua desalada han permitido que se dé la paradoja de que ésta les cueste más barata a los agricultores beneficiados que la bombeada de pozos, pues los altos costes de la electricidad han puesto la extracción subterránea por las nubes. Un metro de agua de pozo puede costar fácilmente ahora el doble y hasta el triple que la de desalinizadoras, merced a que se ha establecido un precio 'político' para el producto de éstas.
Desalar el agua del mar cuesta casi un euro y medio por metro cúbico (mil litros), 1'30 de media en las instalaciones más eficientes. Un precio que resulta asumible para consumos urbanos costeros, pero insoportable para regar cultivos agrícolas. Por eso la Administración ha decidido subvencionar su coste de forma potente para los agricultores del sur de Alicante, Murcia y Almería, de forma que así se 'suavice' su malestar tras confirmarse el último recorte del trasvase Tajo-Segura.
El Ministerio de Transición Ecológica decidió primero aplicar una reducción que pudiera impactar en el sector, estableciendo un precio 'puente' de 60 céntimos por metro cúbico de agua desalada con destino al riego agrícola. Pero era claramente insuficiente para las expectativas y rentabilidades del campo, por lo que, lejos de contentar, siguieron los enfados.
A renglón siguiente, en vista del panorama y de las intensas protestas, tras ratificarse la reducción del caudal trasvasado, desde el Gobierno Central se ha vuelto a rebajar el precio del agua desalada para riegos, dejándolo en 34 céntimos por metro cúbico. A ello hay que añadir otros 10 céntimos de subvención aprobados por la Generalitat Valenciana. En total, un coste para el regante de 24 céntimos por metro cúbico.
De esta manera, los poderes públicos intentan apuntalar su argumentación de que no dejan a los agricultores afectados sin agua y vienen a decir que, si bien les llegará menos por un lado (Tajo-Segura), no es por desvestir a unos para vestir a otros, sino que les suplen el suministro por esta vía 'alternativa' y a un precio económicamente sostenible.
En el mismo planteamiento oficial queda patente la contradicción, porque después de tanto pregonar que se debe cumplir la directiva marco del agua de la UE y que ésta obliga a que cada cual pague los costes reales, si conviene se va por otro lado y no pasa nada. Como decía Groucho Marx: «estos son mis principios, si no les gusta tengo otros». También se cumple una vez más el refrán popular valenciano que dice: «s'aplica l'artícul vint i nou, que diu que el que mana fa lo que vol».
Porque la situación que se da ahora mismo es de lo más contradictoria: un metro cúbico de agua desalada es sensiblemente menos cara que otro bombeado de cualquiera de los miles de pozos que aportan los caudales necesarios para el 40% de la agricultura valenciana de regadío». El agua extraída del subsuelo, que es la única disponible en infinidad de casos, con municipios enteros y comarcas sin otra alternativa, se ha puesto prohibitiva por culpa del encarecimiento de la energía eléctrica, recurso indispensable para que puedan funcionar las bombas.
En muchos casos se superan con creces los 24 céntimos del agua desalados; miles de entidades de riego y bombeos privados padecen hoy costes asfixiantes, con 30, 40, 50 y hasta más de 60 céntimos el metro cúbico, sin posibilidad de recurrir a otra vía y sin que la Generalitat, que abarata el agua desalada, tenga también el gesto de abaratar para estos usuarios, también regantes de la Comunitat Valenciana.
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