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La tramitación administrativa de los expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la Comunitat Valenciana ha mejorado pero continúa siendo un grave problema para el ministerio de Seguridad Social. Los datos del departamento encabezado por José Luis Escrivá confirman que cuatro de cada diez de las 143.117 solicitudes que se han presentado desde junio aún no han sido resueltas, lo que genera una importante frustración en todas aquellas personas que esperan la ayuda para afrontar una situación que, por norma general, ha empeorado con la pandemia.
En la Comunitat se han tramitado 99.500 expedientes, lo que representa casi un 70% del total, pero de ellos tan solo se han resuelto algo más de 82.000. La mayoría de los de este grupo han sido denegados, en general por tener niveles superiores a los permitidos en renta y patrimonio, pero 20.712 familias si que disfrutan ya de una prestación que fue aprobada hace medio año en el Congreso con un amplio respaldo mayoritario y el apoyo de gran parte de la sociedad. Respecto a los últimos datos de mediados de octubre, se ha dado el visto bueno a 3.000 ayudas más y se ha realizado un importante avance en la tramitación ya que se han incorporado nuevas personas a las plantillas del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
Llama la atención que existen diferencias muy significativas entre las provincias valencianas ya que mientras en Valencia se han resuelto 49.000 de los 51.000 certificaciones presentadas, en Alicante esta cifra se queda en un tercio. Por su parte, en Castellón se elevan a 8.358 de los algo más de 10.000. En comparación con la media de España, la Comunitat Valenciana está de forma clara por debajo de la media ya que se han podido cerrar en el conjunto del país el 80% del millón de escritos presentados. Esta cifra representa el doble que en la autonomía. Desde el ministerio de Seguridad Social se remarca que a diario continúan llegando en torno a 12.000 documentos.
Tal y como informó la Delegación del Gobierno, los nuevos hogares beneficiarios recibirán en unos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social. El importe bruto total de este mes ascenderá a 110 millones de euros en el conjunto nacional, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes.
Entre los beneficiarios de la ayuda se encuentran por primera vez perceptores de rentas mínimas de autonomías que han sido reconocidos como beneficiarios a través de una pasarela desarrollada para el intercambio de datos. Estos reconocimientos son fruto de la prueba piloto de Aragón y se extenderá a la Comunitat Valenciana, que cuenta con una medida similar.
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