I. HERRERO
Martes, 28 de julio 2020, 23:56
valenciA. Medio año después, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, volvió a presentar este martes su medida estrella, el plan 'Habitat 20-30', llamado a conseguir que «el derecho a la vivienda sea una realidad». Sin concretar con qué dinero prevé duplicar el parque de viviendas sociales hasta alcanzar las 32.000, más allá de sugerir un mix de fondos autonómicos, europeos y procedentes de la prometida mejora del sistema de financiación, ratificó su apuesta por la compra mediante el derecho de tanteo.
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Tras desgranar de nuevo las actuaciones y objetivos por fases ante altos cargos y representantes de los promotores y constructores valencianos, Dalmau defendió ante los periodistas que esa compra por tanteo, que estrenó para quedarse 218 viviendas que el Sabadell iba a vender a un fondo de inversión, «es un mecanismo enormemente válido para poder ampliar el parque público» con inmuebles «muy por debajo del precio de mercado y que en vez de ir a parar a manos privadas, en el marco de la especulación, son del pueblo valenciano».
De hecho, aseguró que están «todos los días viendo posibilidades» para realizar nuevas adquisiciones mediante ese método, criticado por el empresariado y que la oposición estudia llevar a los tribunales. «Ahora mismo hay sobre la mesa diferentes propuestas que posiblemente anunciemos en los próximos meses», confirmó a este periódico, en alusión a próximas intervenciones en compraventas privadas en las que, en virtud del decreto ley autonómico, puede ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir esas viviendas.
El dirigente de Podemos, frente a las críticas acerca de que ese sistema paraliza operaciones inmobiliarias y genera inseguridad jurídica en un contexto de dificultades económicas, aseguró que «no hay ninguna paralización por estar viendo los tanteos» de las distintas operaciones que están obligados a comunicarles.
«Se están contestando las solicitudes de tanteo en horas, entre las 48 horas y los cuatro días, por lo tanto, es más ágil de lo que era anteriormente», sentenció.
Dalmau insistió en que «no hay un problema con la agilidad de las certificaciones de que la Generalitat no va a ejercer el derecho de tanteo para que el tráfico comercial pueda continuar conforme lo ha hecho hasta ahora».
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En cuanto a futuras compras de viviendas por tanteo, indicó que «están viendo cuáles son los lotes o edificios» que les interesan, en función «de las necesidades de vivienda en ese lugar y de las condiciones de las casas», sin poder dar más información «hasta que no se inspeccionen y vean».
De momento, trabajan para «cerrar la primera operación» de este tipo, que incluye viviendas con «familias viviendo dentro y que, si hubieran ido a parar a un fondo de inversión, o verían su contrato aumentado a un precio que a lo mejor no podían pagar o, directamente, serían desahuciadas», mientras que la Generalitat «negociará un alquiler social para que puedan seguir ahí».
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Respecto al plan presentado en enero, y ayer tras someterlo a un proceso participativo, destacó que se trata de «un acuerdo político, pero sobre todo ético», que pretende «consolidar un cambio de paradigma para garantizar la función social de la vivienda y un servicio público de calidad», frente al «crecimiento poco sostenible» de años anteriores.
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