«La defensa del valenciano es compatible con valorarlo como mérito, sin imponerlo»

Alicia Torres (Alfara del Patriarca, 1970), licenciada en Derecho por la Universitat de València y máster en Dirección de Empresas por el CEU San Pablo, es funcionaria de carrera de la Generalitat y afiliada a CSIF desde 1999. Casada y madre de dos hijas, recoge el testigo de Daniel Matoses al frente de la organización con un apoyo del 98% y agradecida por la labor de quien considera «un referente sindical».

-¿En qué situación se encuentra CSIF y cómo estará en cuatro años?

-Está en un momento muy bueno, tiene 18.300 afiliados en la Comunitat, más de mil delegados y una situación extraordinaria a nivel económico y patrimonial, con trece sedes y prácticamente todas pagadas. Si es diferente, espero que lo sea por mejorar resultados y haber logrado una implantación importante en la empresa privada y mayor representatividad en el sector público.

-¿Y cuál es el secreto, en vista de los problemas de otras entidades?

-Nos financiamos de nuestras cuotas y eso nos permite ser muy independientes, muy profesionales y trabajar muy tranquilos con la solvencia que nos otorgan nuestros afiliados, sin depender de nadie.

-¿Cómo explican a los jóvenes, menos ligados al sindicalismo, qué es y por qué es importante para ellos?

-Da servicios y la tranquilidad de tener detrás una organización que te respalda ante cualquier dificultad. CSIF es un sindicato fundamentalmente de servicios, con una gran asesoría jurídica, acción social, formación y todo aquello que puedan demandar en su vida profesional.

-¿Tienen penetración entre la gente joven o es una de las asignaturas pendientes, como ganar presencia en la empresa privada?

-En el empleo público es difícil tenerla por el envejecimiento de las plantillas, gente joven en la Administración hay poca. Y en la empresa privada es complicado entrar porque peleamos con muchos menos recursos y una legislación que es una coraza porque, si no está en una empresa, CSIF no puede promover elecciones, ha de esperar a que lo hagan.

-Esas diferencias de financiación motivaron la polémica en torno al reparto de fondos de la Ley de Participación Institucional, ¿se dará por zanjada esta legislatura?

-La enmienda que presentó el PP en Les Corts abre el reparto a más organizaciones pero al final quedó un tanto desvirtuada y está todo en el aire, dependerá del desarrollo reglamentario por parte de la Conselleria de Economía. Solicitaremos una reunión con el conseller para abordar este tema, en el que vamos de la mano de otros sindicatos, porque ahora sí que le corresponde a él desarrollar un reglamento que diga quién puede tomar parte.

-¿Qué balance deja la legislatura en el ámbito laboral?

-A nivel autonómico se ha conseguido más bien poco. Nos abstuvimos en el pacto de legislatura porque el contenido no tenía compromisos tangibles y reales que se pudiesen traducir en mejoras para los empleados públicos, y creemos que el sindicato no está para mayor gloria del Gobierno de turno. Los avances fueron por el acuerdo que firmamos a nivel nacional, como los descuentos por incapacidad temporal.

-¿Y qué deberes pondría al Consell para esta nueva etapa?

-La recuperación del poder adquisitivo, la jornada de 35 horas semanales y acabar con la temporalidad, el envejecimiento y la reducción de las plantillas. Para lograrlo, hace falta agilizar los procesos selectivos, con calendarios reales. Este mes finaliza una OPE -oferta pública de empleo- de 2015, son cuatro años de proceso y se puede hacer en la mitad. También se acumulan las plazas de las OPE de varios años y eso resta opciones a los opositores.

-¿Qué opina de la exigencia del requisito lingüístico?

-La nueva Ley de Función Pública que está a punto de entrar en Les Corts cuenta con nuestro rechazo porque, para nosotros, ha sido la excusa para imponer el requisito lingüístico en el acceso a la función pública. Para nosotros la lengua es un elemento de unión y no de confrontación. Por tanto, hemos de considerar el valenciano como nuestra lengua, hemos de cuidarla y nos enriquece como comunidad, pero entendemos que esa defensa de nuestra especificidad como región que es tener el valenciano es perfectamente compatible con valorarlo como mérito, como estaba, sin imponer el requisito lingüístico.

- ¿Ve factible lograr esa jornada de 35 horas o de cuatro días en el sector privado, o seguirá la brecha con el público, que genera rechazo?

-En el sector público desde luego que es factible, era como estábamos antes de la crisis, aunque está costando mucho. Es cierto que en el sector privado es más complicado pero se está avanzando poco a poco en materia de conciliación e intentaremos que se siga avanzando.

-¿Le preocupa la incertidumbre política, qué le parece el preacuerdo entre el PSOE y Podemos?

-Sí, es preocupante. En cuanto al preacuerdo, lo que pedimos es que si al final hay Gobierno, sea un Gobierno estable que permita tomar las decisiones adecuadas y se centre en el bienestar de los trabajadores. El engranaje del Estado sigue funcionando gracias al trabajo de los empleados públicos pero esta parálisis no puede continuar, empieza a tener consecuencias negativas.