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Europa Press
Madrid
Martes, 30 de julio 2024, 00:25
El Ministerio de Trabajo y Economía Social y CCOO, UGT, CEOE y Cepyme seguirán negociando a la vuelta de las vacaciones de verano la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas en 2025 tras concluir este lunes sin acuerdo una nueva reunión de la mesa de diálogo social. Pero no será el único asunto sobre el que se debatirá. El control horario y la desconexión digital son las otras dos patas de la negociación sobre las que también se va a debatir.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado además que el Ministerio ha lanzado en la reunión de este lunes una propuesta concreta para garantizar el derecho a la desconexión digital tanto en las modalidades presenciales de trabajo como en el teletrabajo. «No coger el teléfono al jefe fuera del horario es un derecho que pueden esgrimir los trabajadores y que no pueden sufrir ninguna represalia por ejercitarlo. No contestar, no coger el teléfono, no leer los correos electrónicos cuando están fuera de la jornada laboral, se estructura en el Estatuto de los Trabajadores como un verdadero derecho, y se prohíbe cualquier represalia», ha afirmado.
El secretario de Estado ha dejado claro que ningún trabajador podrá sufrir «ni la más mínima consecuencia negativa» como consecuencia de ejercitar el derecho a la desconexión.
Con el objetivo de desatascar la negociación el Gobierno ha ofrecido a la patronal para que la reducción de jornada a 37,5 horas entre en vigor a lo largo de 2025 y no el 1 de enero, y Pérez Rey ha defendido que, según los datos del Ministerio, la mayoría de los convenios colectivos van a perder vigencia entre 2024 y 2025. «Por lo tanto, está claro que durante esos dos años, la flexibilidad suficiente que vamos a incorporar a la reducción de jornada va a permitir, además, una reclamación de la propia patronal. Que los convenios colectivos puedan ya negociarse con las nuevas condiciones y no haya una afectación a los que están vigentes», ha declarado Pérez Rey.
Asimismo, ha enfatizado que ningún juez ni ningún tribunal ha entendido en los últimos años que un convenio colectivo tiene que revisarse porque haya un cambio en la legislación laboral. «Pero es que incluso ese argumento no tiene mucho peso porque la mayoría de los convenios colectivos van a perder su vigencia entre 2024 y 2025, que es justo cuando vamos a llevar a cabo la reducción de jornada», ha precisado.
Pérez Rey ha defendido que, con todos estos mimbres, el objetivo de Trabajo es alcanzar, tras el verano, un acuerdo con las partes «rápidamente». «Hemos ofrecido a la patronal márgenes suficientes para que esta reducción se haga de manera progresiva sin alterar de manera importante el ritmo de las empresas, para que las empresas se puedan acoger de manera secuencial a esta reducción», ha explicado.
El secretario de Estado ha hecho hincapié en la importancia de mejorar el registro horario para poder verificar si se cumple legalmente con la jornada. «Todo este esfuerzo negociador no serviría de nada si luego la jornada se incumpliera de manera sistemática y esto es a lo que queremos poner freno con ese registro», ha insistido.
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