Los desguaces desmienten los bulos sobre los vehículos eléctricos afectados por la dana

¿Es eso cierto? No, pero con matices. Desde la patronal valenciana de desguaces (Adecova) consideran que los vehículos eléctricos presentan dos problemáticas distintas a la hora de ser desmantelados en un centro autorizado de tratamiento de vehículos.

Por una parte está el riesgo que supone manipular una batería que en muchas de las ocasiones «tiene la potencia de una silla eléctrica». Sin embargo, Pere Anrubia, presidente de la patronal, defiende que ese riesgo no está aparejado a la dana, sino que es una cuestión que se debe tener en cuenta siempre que se manipule un vehículo enchufable: «Cada centro debe tener gente especialista contratada pra el desmonatje y la gestión de vehículos eléctricos e híbridos». Así lo indica el Real Decreto 265/2021 del 13 de abril que regula la actividad de los desguaces.

«Nuestro procedimiento de seguridad comienza desde la grúa. Si no se engancha bien puede ser muy peligroso», advierte Anrubia, que también recalca que el desmontaje de una batería de vehículo eléctrico debe realizarse siempre en un área concreta con unas condiciones de seguridad específicas para evitar posibles accidentes, como incendios.

Por otra parte, está la cuestión de la segunda vida de las baterías de los modelos eléctricos, que sigue siendo un rompecabezas para muchos de los usuarios de estos modelos. La normativa europea exige que las baterías sean trasladadas a un punto limpio o a un taller autorizado cuando finalice su ciclo de vida útil. No obstante, desde la patronal de desguaces consideran que «no está resuelto el probelma de la gestión de las baterías», pero mantienen que en ningún caso es responsabilidad de los centros de tratamiento autorizados. De modo que no debe suponer un gasto extra para los desguaces.

Por tanto, desde Adecova insisten en que el coste de tratamiento de un vehículo eléctrico afectado por la dana es el mismo que el de cualquier otro vehículo. «El coste de la grúa va a ser el mismo y lo único que cambia es el procedimiento, que debe garantizar la seguridad, pero no supone un aumento de precio», ha explicado Pere Anrubia.