Las ITV detallan a la Generalitat sus plantillas para preparar la reversión

Las empresas que gestionan la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat ya han enviado a la Generalitat toda la información que les pidió sobre cuántos trabajadores tenían al cierre de 2019, en qué puestos y cuánto cobran, para preparar la reversión a la gestión pública del servicio a partir de 2023, cuando expire la concesión.

Así lo aseguran a este periódico desde la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat para la ITV (Aecova), que cifra en unos 1.200 trabajadores la plantilla que suman las siete empresas concesionarias de la ITV, repartidas en 25 centros de trabajo y con diversidad de contratos e, incluso, convenios.

A falta de que la Administración y el propio sector cuenten con una radiografía detallada del personal que presta ese servicio, en manos privadas hasta diciembre de 2022, la gran incógnita es qué pasará con las tarifas de la ITV vigentes, recién anuladas por la justicia por eludir la sentencia anulatoria previa, como denunciaron las concesionarias.

La Conselleria de Economía aún no sabe si recurrirá la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) porque, según fuentes oficiales del departamento que dirige Rafael Climent, este jueves aún no se le había notificado oficialmente esa sentencia.

Cabe recordar que la anterior bajada tarifaria, anulada por la justicia por falta de justificación, derivó en una reclamación patrimonial de ochenta millones de euros por parte de las ITV por lo dejado de ingresar desde que entró en vigor, en abril de 2014, hasta que la Generalitat actualizó los precios en mayo de 2019, al año de ser firme su anulación.

Esa factura se elevaría ahora por encima de los noventa millones, como publicó LAS PROVINCIAS, al sumar el perjuicio sufrido por la nueva bajada tarifaria, anulada por la justicia pero en vigor hasta que la Generalitat dé por cerrado el proceso judicial y, en su caso, publique otros precios de ITV.

La apertura de este nuevo frente judicial se produce en plenos preparativos de una reversión a la gestión pública que se antoja compleja, teniendo en cuenta el precedente de los hospitales de gestión privada y que cada empresa de ITV tiene uno e incluso dos convenios distintos.

En diciembre, la directora general de Industria, Empar Martínez, pidió a cada empresa el organigrama de la concesionaria y de cada estación ITV en la Comunitat, así como el número total de trabajadores en esta autonomía y en cada estación de inspección al cierre de 2019 y un desglose de los puestos de trabajo, que incluya su denominación y funciones, el tipo de contrato y el sueldo bruto anual actualizado.

Desde Aecova garantizan el envío de los datos sobre la masa salarial a 31 de diciembre, y enmarcan la petición en la necesidad de «ver la complejidad laboral» existente.