El PSPV refuerza su poder en el Puerto de Valencia en pleno debate sobre la ampliación norte

En pleno debate sobre la futura terminal de la ampliación norte del Puerto, el pleno del Consell confirmó este viernes los cambios en los puestos que controla en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para situar a políticos y cargos públicos en sillones que tradicionalmente ocupaban empresarios como el naviero Vicente Boluda.

No obstante, el también presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) mantendrá su presencia en ese órgano, ya que la patronal autonómica le designará como su representante en el consejo del Puerto. Desde la CEV, de la que Boluda forma parte como presidente de AVE, de la Asociación Naviera Valenciana y de Grupo Boluda, confirman a LAS PROVINCIAS la decisión, ratificada por su comisión ejecutiva, de que el naviero ocupe la vacante que correspondía a la quebrada Cierval para «evitar que se pierdan sus conocimientos portuarios» al dejarle fuera el Consell.

La voz de la Generalitat en la cúpula portuaria, en la que el PSPV refuerza su poder con dos miembros más que en la anterior legislatura, corresponderá a la alcaldesa de Gandia, la socialista Diana Morant, la eurodiputada del PSPV Inmaculada Rodríguez-Piñero, que repite como consejera de la APV, e Iván Castañón, director general de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia y mano derecha de Mónica Oltra. Sustituye, por la cuota de Compromís, al comisionado del Corredor Mediterráneo y ex secretario autonómico de la Conselleria de Obras Públicas, Josep Vicent Boira.

Completa la representación de la Generalitat en ese órgano el presidente de la CEV, Salvador Navarro, con mandato vigente hasta 2021.

El equilibrio de fuerzas entre los socios del primer Botànic en la Autoridad Portuaria de Valencia - que incluye los puertos de Gandia, Sagunto y Valencia- se completa con los votos de los alcaldes de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, y de Sagunto, Darío Moreno, del PSPV, exjefe de gabinete de la consellera Gabriela Bravo y que en mayo arrebató la Alcaldía a Compromís. Ambos con sillón propio, como reivindicaba también la ciudad de Gandia.

A las filas socialistas, reforzadas con Morant y Moreno, cabría sumar al presidente del Puerto, Aurelio Martínez, conseller de Joan Lerma y que lidera la APV, desde 2015, a propuesta del 'president' Ximo Puig.

Aurelio Martínez, tras la reunión del consejo asesor del Puerto de Gandia, destacó el mayoritario respaldo a la futura terminal de la ampliación norte del recinto valenciano que reflejan las alegaciones recibidas.

Preguntado por la alegación de la estiba acerca de que la terminal automatizada que propone MSC amenaza 500 empleos, indicó que «no va a peligrar tanto el volumen total de puestos de trabajo, pero sí que pueden cambiar las especialidades necesarias para explotar un puerto moderno como el que queremos tener», y apeló a la formación para adaptarse a los avances tecnológicos.

En cuanto a la proposición no de ley (PNL) de Compromís en el Congreso para paralizar el proyecto y obtener otra Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ironizó acerca de que «el siguiente paso puede ser ya una PNL para que cierren el puerto, una medida bastante inteligente».

Por su parte, la diputada y portavoz municipal del PP, María José Català, anunció una proposición no de ley en Les Corts para que el resto de grupos manifieste su respaldo a la ampliación, ante el temor de que con el nuevo Gobierno se quede «estancada y paralizada» por los intereses de «los socios nacionalistas y separatistas» de Pedro Sánchez.

La síndica, Isabel Bonig, apuntó que el PSOE controla los dos ministerios implicados en la tramitación, Transportes y Transición Ecológica, y criticó los mensajes sobre un proyecto con la DIA de 2007 vigente.

Precisamente al ministro de Transportes, el valenciano José Luis Ábalos, apelaba también la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra. En la rueda de prensa posterior al pleno, confió en que «será sensible» al hecho de que «el Gobierno ha planteado como una línea fundamental de su actuación la sostenibilidad y la lucha contra el colapso ecológico», mientras el alcalde Joan Ribó abogaba por conjugar los aspectos económicos con los posibles impactos medioambientales.