El director de Aido se desliga del fraude y apunta a los jefes de departamento

La investigación del fraude de subvenciones en el Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido) lleva casi dos años y medio en un juzgado de Paterna. Los indicios de criminalidad, lejos de difuminarse, se han ampliado con las últimas pesquisas. El informe más reciente de la UDEF sumaba otros 800.000 euros al agujero de la entidad. El que fuera director de Aido, Emilio Pérez, que fue detenido durante el registro policial, compareció recientemente ante la juez que investiga los hechos. Rechazó todas las acusaciones y apuntó -algo habitual en asuntos de este tipo- hacia sus subordinados. Derivó toda la responsabilidad -si la hubiera- hacia los directores de área y jefes de departamento.

Parte del método delictivo consistía en registrar horas de trabajo ficticias en los proyectos subvencionados para obtener así más recursos. El plan se completaba con falsificaciones de facturas de algunos proveedores a los que se les modificaba, parcial o totalmente, el objeto o el concepto por el que se habían cursado. Tras esa variación, se podían incluir en las iniciativas financiadas por ayudas de la Generalitat o la Unión Europea y conseguir el reintegro de esas cantidades. Respecto de la primera de las irregularidades, Pérez poca información aportó. «Lo desconozco, en el caso de que eso exista». De igual modo se expresó al referirse al cruce de facturas: «Desconozco el sistema de identificación de facturas o si el departamento de administración lo utilizaba por algún motivo».

El director achacó a un error de la UDEF el hecho de que un informe le atribuya ser el director de uno de los proyectos bajo sospecha y aseguró que si firmó partes de horas sería «por error» ya que se le presentaba abundante documentación al mismo tiempo.

El investigado admitió que, en ocasiones, como el IVACE -el órgano que controlaba todos los institutos tecnológicos- tardaba mucho en pagar a los proveedores se autorizaba una contratación con pago adelantado independientemente de que estuvieran en proyectos subvencionados, siempre según su relato. No obstante, ignoraba que la contratación no respondiera a servicios reales. «Me extraña que los responsables de los proyectos pusieran estas facturas en las justificaciones». De nuevo, apunta a otros subordinados suyos.

La fiscalía sospecha que se creó un departamento de justificación para dar soporte a este entramado irregular. Pérez rechaza esta hipótesis. Se justifica en la gran cantidad de proyectos con gran complejidad documental en los que participaba Aido. Además, niega que el organismo necesitara más ingresos ante la escasez de recursos económicos. Durante su comparecencia, el director trató de restarse poder en el propio organismo. Dijo que él sólo firmaba, pero como representante legal del instituto, que carecía de conocimientos técnicos y voluntad para orquestar las supuestas irregularidades. «Los directores y jefes de departamento tenían autonomía», subrayó en repetidas ocasiones. No supo concretar cuántos responsables de estas características tenía la institución.

El presunto fraude en subvenciones de Aido se descubrió tras una denuncia del propio Ivace. Pero la comunicación a la fiscalía se produjo, al parecer, por una venganza personal de uno de los directivos. Hasta ese momento, la entidad había logrado sortear con éxito todos los controles de la Administración. El fraude de subvenciones puede ascender a varios millones de euros.