La ley que divide a los 'riders': ¿asalariados o autónomos?

Sus herramientas de trabajo son la 'app' de una plataforma de 'delivery' (reparto) y su moto o bicicleta. ¿Su función? Hacer de enlace entre las peticiones de los clientes y las empresas, mayoritariamente restaurantes. Los 'riders' se han convertido en parte del paisaje urbano, especialmente en tiempos de pandemia y ahora con la hostelería cerrada, pero no son un fenómeno de esta nueva normalidad. Llevan años rodando por las calles pero es ahora cuando están en ascenso, como quedó reflejado en un estudio reciente de la patronal Adigital (Asociación Española de la Economía Digital, con más de 500 asociadas) y la consultora Afi.

Así, el empleo en el sector de reparto a través de plataformas digitales creció un 6,7% en 2019 y un total de 15.300 personas están ocupadas, de manera directa o indirecta. El valor añadido bruto (VAB) generado por este sector en 2019 se sitúa en 708 millones , un 10,1% más que en 2018 por el impulso de la actividad de restauración y comercio minorista. Unos datos que aún no recogen la variable de la pandemia, ya que sus efectos pueden ser tanto una oportunidad como una crisis.

En el caso de la Comunitat, un estudio de 2019 de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universitat de València cifró en 60.000 los valencianos que trabajan en todo tipo de plataformas digitales, no sólo las de reparto. Y el mes pasado, el mismo departamento, con Adrián Todolí al frente, trazaba el perfil del 'rider' en la ciudad de Valencia: el 89% son hombres, más de la mitad son menores de 30 años y cerca del 95% son autónomos.

Con todo este contexto, y a raíz de la sentencia del pasado septiembre del Tribunal Supremo que fijaba que un 'rider' de Glovo es un falso autónomo, el Ministerio de Trabajo desvelaba que tenía sobre la mesa una ley para regular este tipo de relaciones laborales al entender que actualmente no están cubiertas por el marco normativo.

El modelo que defiende el Gobierno, y que hasta ahora avala la justicia en diferentes sentencias, es que los repartidores de este tipo de plataformas deberían operar como asalariados y así se acordó la semana pasada en la mesa de diálogo social. Ahora, además, se ha conocido que las empresas tendrán tres meses para dar de alta a sus trabajadores, es decir, para reconocer la laboralidad de los 'riders'.

Sin embargo, a falta de conocer el borrador definitivo de la normativa, la división en el sector es patente, precisamente por las múltiples circunstancias de este tipo de empleados. Así, mientras unos defienden seguir siendo autónomos para mantener independencia y flexibilidad horaria, otros reclaman ser asalariados para mejorar condiciones y salarios. Las distintas asociaciones sólo coinciden en la protección contra accidentes y en la mejora de las coberturas.

La Asociación Profesional de 'Riders' Autónomos (APRA), que ya ha convocado dos manifestaciones y prepara otra para el 3 de marzo, considera que lo conocido sobre el borrador de la ley es «inadmisible». «El modelo que quieren imponer sólo lleva a que perdamos el trabajo, o nos muevan a flotas en las que ya no podemos decidir nada», explican fuentes de la entidad nacional que asegura contar con un 75-80% de la representación sindical de los 'riders'.

Su portavoz en Valencia, Adrián Porres, calcula que unos 25.000 repartidores «se quedarían en la calle con la ley porque las plataformas no tienen capacidad para absorber a todos». «Pedimos que nos escuche, que atiendan nuestras peticiones. Defendemos un modelo autónomo aunque debe ser reformado y reforzado. Pero nos da flexibilidad, sea que lo tengas a tiempo completo o para complementar otro trabajo, sacar dinero mientras estudias, etc.», explica.

Enfrente, el colectivo Riders x Derechos que apuesta por un modelo asalariado y por unas condiciones dignas de este grupo de trabajadores. Su portavoz en Valencia, Carlos Iglesias, se mostraba cauto tras conocer el acuerdo inicial sobre el borrador. Y definía su petición de forma clara: «nos contratan como autónomos pero nos consideran empleados».

Mientras, desde la patronal Adigital advierten de que si sigue adelante con una laboralización del 'delivery«, »es importante no obviar el impacto que esta nueva regulación puede tener ya no sólo para estas empresas, sino para los propios repartidores, que perderán una fuente de ingresos, y sectores clave de nuestra economía, como el de la restauración«. Piden que se escuche »a todas las partes« y apuntan que »mantener un modelo de relación laboral flexible no tiene por qué ser incompatible con que las plataformas puedan ofrecer mejores coberturas y condiciones de trabajo a los repartidores«. Algo que ya se hace en Francia e Italia, recuerdan.

Para Santiago Calvo, profesor de Derecho en la UOC, la clave de esta división, y de la ley, está en las peticiones para conocer los algoritmos de las 'app', que sirven valorar a los 'riders'. Porque, a su juicio, «no es necesaria una ley 'ad hoc'. Tenemos el Estatuto de los Trabajadores, que es la base de toda relación laboral, y hay mecanismos para controlar que se cumpla».