Domingo Parra ratifica los préstamos irregulares de Banco de Valencia a Libertas 7

El cuarto juicio sobre la quiebra del banco de Valencia que ha sentado en el banquillo a Domingo Parra, ex consejero delegado del ente, y a Agnés Noguera, consejera delegada de Libertas 7, por un presunto delito de administración desleal arrancó ayer en la Audiencia Nacional. Parra admitió en esta primera sesión los hechos que se le imputan y ratificó las versiones de la Fiscalía tras haberse anunciado un pacto entre las dos partes que implica una petición de condena de un año y siete meses de prisión.

En su declaración ante el tribunal que fue retransmitida por motivos sanitarios, Parra aseguró que dio el visto bueno para que se refinanciaran pólizas y créditos durante años «sin seguir el circuito habitual de riesgos» que terminaron originando un agujero de 13,5 millones al extinto Banco de Valencia, que adquirió Caixabank durante la crisis económica. El ex consejero delegado admitió que se dieron instrucciones para que no se cobraran los intereses de demora, lo que favoreció a la inmobiliaria Libertas 7. Además, quiso dejar constancia de su arrepentimiento, materializado con un pacto con el Ministerio Fiscal y una «voluntad reparadora» por la que ha devuelto 100.000 euros de forma anticipada por el perjuicio ocasionado.

En esta primera sesión también compareció como testigo Fernando Viladomat exdirigente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ratificó que cuando Banco de Valencia fue intervenida se destaparon estas irregularidades que habían contribuido a llevar a la quiebra esta institución.

Tal y como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía recogido por Europa Press, Parra y Noguera «se dispensaron de forma continuada un trato preferente de favor y dispusieron de fondos del Banco de Valencia por un importe de 65 millones de euros a través de la refinanciación continuada de seis pólizas y préstamos desde finales de 2006 y hasta 2012«. El 'modus operandi' consistía en que Parra, »a título particular sin velar por los intereses sociales y patrimoniales del banco que administraba«, concedía a Libertas 7 líneas de crédito que luego se convertían en préstamos que no eran amortizados a su vencimiento, pese a lo cual, se renovaron con las mismas condiciones »sin aplicar intereses de demora«.

La Fiscalía sostiene que las operaciones «se adoptaron por decisiones personales de ambos acusados sin contar con los órganos de control« de la entidad, recalcando en este sentido que »las aprobaciones y autorizaciones posteriores en los distintos órganos colegiados (del banco) fueron una mera formalidad«.

Esta «secuencia continua» se tradujo en una deuda de Libertas 7 con el Banco de Valencia de 61 millones de euros, «sin que el valor de los activos libres que podían ser dacionados alcanzaran más que el importe de 47 millones, originándose una pérdida económica de 13 millones», importe por el que el FROB tuvo que aceptar una quita con perjuicio para las arcas públicas. Este «trato preferente y privilegiado» con Libertas 7 por la supuesta «connivencia» entre Parra y Noguera redundó en lo que a finales de 2011 era ya una situación económica «insostenible» para el Banco de Valencia, que en noviembre de ese mismo año tuvo que ser intervenido por el FROB.

Los nuevos administradores del ente público intentaron refinanciar la deuda que Libertas 7 tenía con el Banco de Valencia pero «no fue posible por varias razones», entre las que el Ministerio Público destaca que la inmobiliaria sufría «una severa falta de liquidez». Para la Fiscalía, no hay duda de que «los acusados abusaron del poder que les conferían sus posiciones».

Parra ya fue condenado a un año y tres meses de prisión por irregularidades en la mayor operación que realizó Banco de Valencia, que consistía en 312 millones y de la que fue beneficiaria la inmobiliaria Metrovacesa. Además, cuenta con otras dos condenas previas y todo apunta que tras confirmar estos hechos recibirá la cuarta.