Economía lleva año y medio sin convocar el comité de coordinación con las ITV

Las empresas que se ocupan de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana afirman que, para que funcione adecuadamente, «no basta con tener unas normas; se necesita diálogo entre las concesionarias y la Administración» que en su día les encomendó la gestión de ese servicio público.

Y el problema, según trasladan a LAS PROVINCIAS desde la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat para la ITV (Aecova), es que la Conselleria de Economía lleva año y medio sin convocar el comité técnico de coordinación previsto en los pliegos de la concesión actual, que expira a finales de 2022.

Su presidente, Manuel Trigo, asegura que ese órgano no se ha reunido desde septiembre de 2018, pese a la decena de solicitudes al departamento que dirige Rafael Climent para que vuelva a convocarlo, de momento sin obtener respuesta alguna.

Al respecto, defiende que es fundamental retomar la comunicación con los servicios técnicos de la conselleria para "unificar criterios" y "resolver múltiples asuntos" que surgen en relación a la normativa y distintos aspectos del servicio que prestan a los conductores valencianos.

Según Manuel Trigo, la situación cambió a raíz de que, en julio de 2018, las concesionarias ganaron el pulso en los tribunales a la Generalitat y se convirtió en firme la anulación judicial, por falta de justificación, de la bajada tarifaria que habían impugnado.

Cabe recordar que Economía tardó un año en actualizar los precios, con el consiguiente aumento de la reclamación patrimonial por lo dejado de ingresar con la bajada en vigor desde 2014. Elcontador vuelve a estar activo, por encima de los noventa millones de euros, tras la anulación de la última bajada.

"Desde que se ganó la sentencia en la que se anuló el acuerdo del Consell de 2014, nadie atiende las peticiones de las concesionarias, que siguen cumpliendo con su obligación pero necesitan una coordinación que no se produce", lamenta.

Desde Aecova aseguran haberse dirigido en repetidas ocasiones tanto al conseller Climent como a los servicios técnicos de su departamento para requerir "el restablecimiento de relaciones naturales entre las partes", al margen de la prometida reversión a la gestión pública de la ITV.

Mientras ese órgano de coordinación sigue sin reunirse, en enero se inició la cuenta atrás para que expire la concesión y, con ella, la obligación de que la Generalitat autorice cualquier contrato en los tres últimos años de vigencia para evitar que incurran en gastos más allá de 2022.

Ese es, de hecho, uno de los asuntos más acuciantes que las empresas quieren aclarar con Economía, dada la complejidad de pedir permisos para los "más de 200 contratos temporales" que firma al año cada concesionaria.

"Todos acaban antes de la reversión pero pedíamos reunirnos para saber cómo actuar, por ejemplo, cuando una persona del turno de tarde falla y, en pocas horas, hay que encontrar sustituto, darle de alta y hacer un contrato", explica Manuel Trigo. Y urge a resolver la situación cuanto antes porque, a partir de mayo, las necesidades de personal se disparan y "a lo mejor el servicio acaba colapsando por la falta de autorización previa".