La eléctrica de Alginet acusa a su expresidente de emitir cheques «carentes de justificación»

Los miembros del consejo de administración de Alginet Distribución Eléctrica, filial de la Cooperativa Sociedad Suministros Especiales Alginetenses, responden a las acusaciones de quien fuera su presidente durante 16 años, Salvador Escutia. Ahora son ellos los que le denuncian por la firma de cheques al portador por 83.585 euros «carentes de justificación» y que creen que podrían constituir delitos de apropiación indebida y/o administración desleal o falsedad, según un comunicado remitido a los cooperativistas.

El aludido reconoce a LAS PROVINCIAS que firmó los cheques, por ser el único autorizado, pero que en ningún momento fueron rellenados por él ni el talonario estuvo en su poder. De hecho, exige que se compruebe cómo él nunca fue a cobrar ese dinero, sino que lo hizo el personal de la entidad para entregarlo al gerente o, únicamente cuando éste no estaba, a él como presidente.

Escutia, como antiguo administrador único de la sociedad, ya tiene presentada una querella contra el gerente por el supuesto uso de una tarjeta de crédito para gastos no justificados y a sus espaldas, aunque había sido emitida a su nombre. Además, asegura tener constancia de pagos irregulares de hasta 4.000 euros anuales a miembros de la directiva actual que plantea llevar también ante los tribunales.

Por su parte, los hoy administradores niegan la mayor y consideran que esta acusación «obedece a una maniobra propia de quien quiere desmarcarse de sus responsabilidades de forma descarada, intentando centrar el foco de atención sobre otras personas, para desviar, de esta manera, la atención de su irregular proceder».

«La gestión llevada a cabo por el anterior administrador único está siendo objeto de estudio por parte del consejo de administración», apuntan. Como consecuencia, se están examinando, entre otros, los hechos que ha denunciado Escutia, «apreciando discrepancias entre los hechos que allí se refieren y el resultado de las averiguaciones realizadas a nivel interno», indican.

No obstante, el consejo de administración ha adoptado el acuerdo de personarse en la querella interpuesta por Escutia con el fin de aclarar la gestión realizada durante su mandato«. Y es que la figura jurídica de la querella permite que otros interesados se personen y que sea un fiscal y no las acusaciones particulares quien analice si se han producido comportamientos impropios constitutivos de delito.

En todo caso, los gestores de la cooperativa aseguran que, «como consecuencia de las averiguaciones llevadas a cabo, el pasado 1 de julio se realizó un requerimiento fehaciente al anterior administrador único para que informase sobre una serie de cheques, por un importe total de 83.585 euros, y que fueron emitidos al portador y firmados por él, en principio, carentes de justificación».

Además, se le requería que informase acerca de la remuneración que ha venido percibiendo durante los pasados ejercicios. «Tal requerimiento no obtuvo respuesta, por lo que se procedió a interponer, el pasado mes de julio, una denuncia contra Salvador Escutia ante la sospecha de que su conducta pudiera ser constitutiva de delitos de apropiación indebida y/o administración desleal o falsedad», incluye el comunicado.

En todo caso, consideran «que será en sede judicial donde deberán resolverse las acciones penales», instadas por el consejo de administración contra quien fue administrador único de la sociedad.