Los empleados podrán dejar de trabajar y cobrar el paro si la empresa no le paga la nómina

El Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, ha presentado una propuesta que permitiría a los trabajadores rescindir su contrato de trabajo de forma unilateral y, al mismo tiempo, acceder a la prestación por desempleo, en caso de que la empresa no cumpla con sus obligaciones salariales. Esta medida, que forma parte de una enmienda incluida en el Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia, tiene como objetivo mejorar la protección de los derechos laborales de los trabajadores que se ven afectados por el impago recurrente de su salario, un problema que, aunque no es común, sí afecta a una parte importante de la población activa.

La enmienda propuesta establece que los trabajadores podrán solicitar la extinción de su contrato laboral y acceder a la prestación por desempleo si el empleador no paga su nómina durante tres meses. Esta medida se aplicaría cuando el salario no se haya abonado en los 15 días posteriores a su fecha de vencimiento, y en el caso de que haya tres mensualidades no pagadas en un período de un año. Además, los trabajadores también podrán acogerse a esta medida si el salario se retrasa en más de seis ocasiones durante el mismo período, aunque no sean consecutivas.

El objetivo de esta propuesta es ofrecer a los empleados una solución rápida y clara ante situaciones de impago, evitando que tengan que recurrir a largos y costosos procesos judiciales para rescindir el contrato y acceder a sus derechos. Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores permite la rescisión del contrato en casos de impago salarial, pero cada tribunal evaluaba la situación de forma individualizada, lo que generaba incertidumbre sobre los criterios y los tiempos de respuesta. Con esta reforma, se pretende establecer criterios homogéneos a nivel nacional, lo que garantizaría que los trabajadores no queden desprotegidos.

Sin embargo, la propuesta también ha generado cierta preocupación entre los empresarios, especialmente aquellos que gestionan pequeñas y medianas empresas. El sector empresarial teme que esta medida pueda generar un aumento en las demandas judiciales por parte de los trabajadores, lo que podría sobrecargar aún más los tribunales y poner en una situación difícil a aquellas empresas con problemas de liquidez.

Algunos temen que, si la normativa se aprueba tal y como está, muchas pequeñas empresas puedan enfrentar un éxodo de empleados que, ante la imposibilidad de recibir su salario, se vean forzados a acogerse a esta medida. Esto podría generar una situación económica aún más precaria para algunos negocios, lo que, según los críticos, podría perjudicar la estabilidad del empleo en sectores ya debilitados.

En cualquier caso, la propuesta está en una fase de análisis y discusión, y se espera que sea debatida en los próximos meses en el Congreso. De aprobarse, la reforma no solo protegería a los trabajadores que sufren el impago de su salario, sino que también ofrecería una solución más rápida y eficiente para aquellos que se ven obligados a abandonar su puesto de trabajo debido a la falta de pago, permitiéndoles acceder a la prestación por desempleo en un tiempo razonable.

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