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La Conselleria de Economía ha completado la segunda tanda de la reversión de las ITV de la Comunitat Valenciana y este viernes por la noche ha asumido la gestión de estaciones como las de Valencia y su área metropolitana que estaban pendientes de pasar ... a manos públicas. Con esta decisión ha nacido la que es la tercera empresa pública con una plantilla más grande de la autonomía.
La Generalitat tiene contratados a decenas de miles de personas a través de consellerias como las de Sanidad o Educación para dotar de mano de obra a hospitales y colegios, pero también cuenta con el denominado sector público instrumental. Una serie de empresas que prestan diferentes servicios y que en total emplean a cerca de 8.000 personas.
Pero esta cifra aumenta ahora de manera significativa una vez la Societat Valenciana de Inspecció Tècnica de Vehicles (Sitval) ha subrogado la plantilla de las 13 estaciones que quedaban pendientes. Según los registros de las concesionarias que ya han dejado de operar el servicio, se van a asumir unos 1.200 trabajadores, que pasarán a ser empleados públicos con la categoría de personal fijo a extinguir. Pero no serán propiamente funcionarios, ya que no habrán pasado una oposición para acceder al puesto.
De esta forma, Sitval tendrá una estructura similar a los gigantes del sector público instrumental. Por delante sólo estará Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), con una masa laboral de 1.724 personas dividida entre Metrovalencia y el TRAM de Alicante, y la firma de gestión de residuos y cuestiones medioambientales de Vaersa, con 1.361 contratados.
Tras estas tres empresas se sitúa ahora el Institut Valenciá de Serveis Socials (Ivass), que roza el millar de empleados, y la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Emergencias (Sgise), con 858 trabajadores. El resto de firmas ya tienen un tamaño menor y están por debajo del medio millar de personas, aunque la gran mayoría ni siquiera llega al centenar.
Según los datos recopilados por la Generalitat de las cuentas anuales que reflejan la situación a principios de 2022, las plantillas más pequeña son las de la Fundación del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana (FTAL) y la de la Fundación de la Comunitat Valenciana de Investigación de la Excelencia (ValER), ambas con tres. Aunque hay otras fundaciones en proceso de extinción con incluso menos.
La empresa pública de las ITV valencianas irrumpe en este ranking en el tercer puesto, pero puede escalar posiciones en el futuro. De cara a la reversión, desde la Generalitat se puso trabas a la contratación de empleados y, una vez materializado el proceso, la nueva firma pública que encabeza Josep Albert ha sido consciente de que necesitará más personal.
Tal y como se transmitió a las concesionarias que han dejado de operar, existe la necesidad de unas 300 contrataciones en el corto plazo para cubrir vacaciones y otro tipo de descansos del personal. En el último momento desde Sitval trataron que los contratos los realizasen las empresas, pero las firmas, a pocos días de la reversión, se negaron y es ahora la sociedad pública la que deberá gestionar el proceso.
Y el tiempo corre en su contra porque si quiere seguir los mecanismos públicos habituales puede que no esté la maquinaria lista para el verano y el servicio se vea afectado. Además, a medio plazo, si se cumple la promesa de construir más estaciones, se requerirán más empleados.
Más allá de este frente, el ente dependiente de la Conselleria de Economía deberá abordar otra cuestión que reclama la plantilla, que es la unificación de las condiciones que tendrá que producirse en la negociación de un convenio colectivo. Después de algo más de 25 años con el servicio privatizado en manos de las concesionarias, los trabajadores de los diferentes lotes cuentan con sueldos muy dispares que se deben unificar, así como otras características laborales.
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