Una empresa de VTC culpa al Consell de forzar 160 despidos por restringir el servicio

«Cuando se critica a los VTC, parece que las plataformas como Uber nacen de la nada y no tienen nada detrás, que los conductores son muñequitos que salen del asiento y te llevan, pero son empleados de una empresa de transporte que paga el IVA, los seguros y las cotizaciones sociales en España». Así resume Rafael García-Tapia, consejero delegado de Moove Cars, la cara menos visible del conflicto sobre el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) de hasta nueve plazas, la de los transportistas que prestan el servicio contratado a través de esas plataformas digitales.

Moove, participada por el fondo americano King Street y empresarios como Jaime Castellanos, es el principal 'partner' de Uber y el operador con más autorizaciones de VTC del país: 5.200 solicitadas y cien activas en Valencia, que prevé elevar a 550 en otoño. La firma da empleo a 2.400 personas en Madrid, Valencia, Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada, con un salario medio de 1.350 euros, y advierte de que se verán «obligados a realizar 160 despidos en Valencia de forma inmediata» si prospera el decreto ley que obliga a contratarles con una antelación mínima de 15 minutos, como sucedió con sus 705 empleados de Barcelona tras el conflicto con el taxi.

Según su directivo, si el Consell aprueba hoy esas restricciones y la Diputación Permanente de Les Corts las valida, sus cien vehículos dejarán de circular. «Al día siguiente dejamos de operar porque no vamos a trabajar con 15 minutos de precontratación, no podemos hacerlo porque el servicio no es bueno, así que Uber dejaría de prestar servicio y a nosotros nos obligará a hacer 160 despidos, como ya tuvimos que hacer en Barcelona», subraya.

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, García-Tapia mantiene que «la responsabilidad directa de esos despidos es de la consellera María José Salvador, por sacar una ley que no tiene ningún sentido en un momento en el que no tiene ningún sentido sacarla». A la responsable socialista, le reprocha la «falta de diálogo» y que pretenda «legislar con fines electoralistas, con medidas de última hora a través de la Diputación Permanente de Les Corts, que creemos que no está hecha para esto -apostilla- porque no vemos la urgente necesidad por ningún lado».

«Se parece mucho a lo que hubo en Cataluña: un 'esto es lo que hay'», apunta, tras señalar al Consell los «motivos de inconstitucionalidad» que aprecian en su decreto ley sobre las VTC, «extraordinariamente parecido al catalán y que vulnera los mismos principios de la Constitución, como la libertad de montar tu propio negocio, a pesar de que el Consell de Garanties Estatutàries catalán dijo que el decreto va en contra de la libre competencia, al igual que la Autoritat Catalana de la Competència y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia».

Según la patronal Unauto VTC Comunidad Valenciana, esa normativa pone en peligro 500 empleos en el sector y las reclamaciones de indemnizaciones de los afectados rondarán los 166 millones de euros.

Moove es también una de las mayores operadoras de VTC en Valencia -hay una decena, según fuentes del sector- y cuenta con 160 conductores en plantilla, «la práctica totalidad con un contrato indefinido a tiempo completo» y a los que preveía sumar «otros 80 trabajadores en quince días por la llegada de cincuenta autorizaciones más».

Sus instalaciones de Sedaví albergan un centenar de vehículos, «y la mitad es Ford, para apoyar a la industria local», recalca su responsable, quien se pregunta «por qué atacan a una empresa que ha generado 160 empleos en Valencia en dos meses, con previsión de llegar a 750 empleos en julio, y que está dada de alta en el mismo epígrafe que el taxi, tiene conductores, coches, seguros, compra combustible y utiliza talleres y otros servicios adicionales».

En este sentido, cuestiona «la defensa del monopolio del taxi» y se muestra «a favor de legislar la VTC para que el taxi compita en igualdad de condiciones, pero en igualdad», aunque da por sentado que sin acceder a los módulos, «un beneficio fiscal con el que los taxistas tributan nueve veces menos que la VTC».