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El empresariado hace frente común contra Climent por las nuevas trabas al comercio

El empresariado hace frente común contra Climent por las nuevas trabas al comercio

La CEV y la Cámara alegan contra la ley que limita la vigencia de la libertad horaria y exige autorización autonómica para abrir supermercados

Inés Herrero

Valencia

Miércoles, 29 de enero 2020, 23:30

El comercio vuelve a situarse en el epicentro de las tensiones entre el empresariado y la conselleria que dirige Rafael Climent, de Compromís. Lejos de dar por zanjada la polémica en torno a la libertad horaria con el pacto alcanzado la pasada legislatura para cerrar uno de cada tres festivos en ciudades como Valencia o Alicante, desde Economía se han abierto nuevos frentes con el anteproyecto de Ley de Comercio Sostenible.

Esa norma, como publicó este periódico, limita a cuatro años la vigencia de las zonas con libertad horaria, exige autorización autonómica para abrir, reformar o ampliar supermercados con el argumento de que tienen impacto territorial y veta los proyectos que superen los 120.000 metros cuadrados de superficie comercial, como Intu Mediterrani, por ser incompatibles con los criterios de sostenibilidad exigidos.

En esta ocasión, al malestar de los representantes de los supermercados (Asucova) o de grandes superficies como Carrefour o El Corte Inglés (Anged) por publicar un anteproyecto de ley de ese calado sin haberlo abordado con el sector, con sus respectivas alegaciones, se suman los reparos planteados tanto por la patronal autonómica en su conjunto como por Cámara Valencia.

En las alegaciones de la CEV, a las que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, la patronal defiende que se mantenga la vigencia de las Zonas de Gran Afluencia Turística mientras no cambien las circunstancias que dieron lugar a su declaración y reclama, por tanto, que se elimine "cualquier periodo de caducidad, en aras de la seguridad jurídica".

Y esa misma seguridad jurídica apelan para solicitar que la propia ley recoja tanto los períodos, requisitos y el procedimiento a seguir para la declaración de esas zonas de libre apertura, pactados por el sector y que se dejan pendientes para el futuro reglamento, como el orden de habilitación de los festivos en caso de que coincidan dos seguidos: primero el sábado; en segunda opción, el lunes; y si no, el primer festivo.

Desde la CEV también piden que recoja la posibilidad de que la declaración o derogación de una ZGAT pueda iniciarse por parte de una de las organizaciones más representativas del sector, sin menoscabo de la potestad de cada ayuntamiento, si se demuestra que se cumplen o dejan de cumplir objetivamente las circunstancias marcadas en la ley.

Áreas de promoción urbana

Junto a la supresión de otros puntos porque "exceden lo acordado por el sector, además de generar confusión e inseguridad jurídico", la CEV insta a dejar para una futura ley específica, fruto del consenso con sectores como la hostelería y servicios, todo lo relativo a las áreas de promoción económica urbana (APEU), figura creada para dinamizar los entornos comerciales urbanos.

En ese mismo sentido se pronuncia Cámara Valencia, por tratarse de "un instrumento con la suficiente entidad para que su marco normativo sea desarrollado con posterioridad vía reglamentaria, contando con el consenso y apoyo de todos los agentes económicos implicados".

Además, advierte que el texto propuesto sobre los APEU "adolece de indefiniciones en cuestiones sustanciales e, incluso irregularidades que, como tal, hacen dudar de su cabida en el marco constitucional".

Esa norma también recoge el veto a los proyectos de más de 120.000 metros cuadrados de superficie comercial, como Intu Mediterrani

El pleno cameral acordó el lunes solicitar a la Conselleria de Economía la creación de una mesa de debate sobre el anteproyecto de Ley de Comercio Sostenible y le afeó la falta de consultas para elaborarlo.

En sus alegaciones, también reclaman que se elimine "cualquier periodo de caducidad" de las zonas con libre apertura en festivo y que entidades con representación autonómica puedan iniciar la declaración de ZGAT, excepto organizaciones de consumidores y sindicatos.

La Cámara se opone asimismo a bajar de 2.500 a 1.001 metros cuadrados el listón para exigir autorización autonómica para abrir, reformar o ampliar comercios, que complica los planes de ampliación de Mercadona o Consum. Al respecto, aduce que "lo razonable es considerar establecimientos de impacto territorial a partir de 2.500 metros cuadrados de superficie comercial, en ningún caso de menor tamaño".

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