Los empresarios valencianos acogen con inquietud la entrada de Podemos en el Gobierno

Para buena parte del empresariado valenciano, la entrada de Podemos en el Gobierno es sinónimo de inquietud por ideas como la creación de una banca pública a partir de Bankia, cuando no de preocupación por sus pretensiones de elevar el gasto público a costa de aumentar la presión fiscal sobre las empresas. A falta de ver si el preacuerdo alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deriva en un Ejecutivo capaz de acabar con la interinidad política, los principales sectores de la Comunitat Valenciana remarcan a LAS PROVINCIAS la necesidad de que el futuro Gobierno garantice «estabilidad, seguridad jurídica y moderación» en un contexto internacional turbulento. Por su parte, la Asociación Valenciana de Empresarios y los representantes del juguete, la construcción, la cerámica y la industria química declinaron opinar.

El dirigente patronal echa en falta en el pacto del PSOE y Podemos «que se mencione el problema de la financiación autonómica y la compensación de la deuda» y se pregunta «si serán capaces de hacer un Gobierno estable, con capacidad de decisión y de hacer reformas«, con ejemplos positivos como Portugal. »La política de Podemos no nos gusta«, admite preguntado por si le preocupa el efecto en la economía de la llegada al poder de los de Iglesias. Agrega, no obstante, que «una vez llegan al Gobierno, tienen que gobernar para todos, no es lo mismo que estar en la oposición», recalca, convencido de que «se van a moderar esos postulados« de Podemos.

Para el presidente de Cámara Valencia, es sorprendente la rapidez para llegar a un acuerdo, a falta de ver si logra los apoyos suficientes para la investidura. En cuanto al posible efecto de Podemos, reivindica que «las decisiones del Gobierno siempre tienen que ayudar a que la economía crezca, porque es la que crea empleo, y un Gobierno colegiado no puede tomar medidas que perjudiquen a la economía, entre otras cosas porque eso haría imposible llevar a la práctica medidas sociales«. »Cuando se gobierna, las decisiones son para todo el mundo«, zanja.

El dirigente del metal apunta que «los resultados electorales son los que son» y advierte, sobre la declaración de intenciones de quienes pretenden «poner en el centro a las personas», de que «sin una estabilidad económica que dé estabilidad a ese sistema social que venden que quieren promover, no se podrán llevar a cabo todas esas políticas sociales». Según Lafuente, «hay que esperar a ver en qué se concreta, pero las subidas de impuestos en estos momentos vienen mal, mejor sería para hacer lo que quieren ver una reducción del gasto propio y estructuras únicas para tener más recursos».

El presidente de FVET reprocha el «coste y desgaste de otras elecciones, para acabar haciendo lo mismo», y admite que «asustan medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), porque lo siguiente será gravar a las empresas, cuando en el actual contexto internacional, lo que hace falta no es precisamente más presión«. Molesto por la »insuficiente respuesta« ante los cortes de carreteras en Cataluña que dañan al transporte, alerta de que »podemizar la economía implica ver con buenos ojos cualquier medida comunista o pseudocomunista«, a lo que agrega que »todas las medidas aparentemente muy sociales olvidan que la empresa es la que crea empleo y ha de generar beneficios para seguir adelante, no son ONG».

El empresario del textil asegura estar «muy preocupado, como la mayoría de los sectores industriales, porque Podemos es un partido que demoniza a la clase empresarial, empezando por sus críticas a Amancio Ortega por todo lo que ha donado en equipos de detección del cáncer». Le inquieta que «quieren aumentar el gasto público, los impuestos y un sistema de pensiones que, desgraciadamente, es insostenible tal y como está planteado», cuando «lo que se necesita es apoyar a la actividad empresarial, no subir salarios por decreto». Y da por sentado que Compromís «no conseguirá nada en cuanto a financiación e infraestructuras».

Los contratistas de obra púbica insisten en que «se necesita estabilidad, seguridad jurídica, claridad y mucha moderación en un clima precrisis en el que, más que nunca, hay que ser prudentes con las medidas a tomar, analizando las consecuencias y viendo qué se puede hacer y qué no». «Los anhelos no pueden primar sobre el sentido común, que es ver la realidad del país», sentencia.

El representante agrario se muestra «desconcertado por la rapidez» de un «acuerdo fruto del miedo, porque consideran que su situación puede ir a peor». Le «preocupa que el PSOE de toda la vida haya dado este giro a un extremo» y reclama al Gobierno «planes consensuados que redunden en beneficio de todo el sector y no solo de unos cuantos».

El empresario hotelero bromea con que el Gobierno «tiene un tinte demasiado rojo, pero si entra Ciudadanos sería rosa tostado». Sin olvidar el precedente positivo de Portugal, opina que «Podemos puede influir poco en los vientos de cola de la economía, que suelen ser exteriores y globales», y da por seguro que los de Pablo Iglesias «también van a ceder, no van a imponer sus políticas, tendrán que conjugarlas con el resto de partidos que hagan posible una estabilidad en el Gobierno a cuatro años».

Los empresarios turísticos demandan un Ejecutivo estable y emplazan a ver «el programa con el que van a la investidura, el de gobierno, que no será el de Podemos, porque para pactar tendrá que ceder parte de su programa, no puede prevalecer sobre el resto» de formaciones. Como ejemplo, su presidente señala que el decálogo firmado apela «a la estabilidad presupuestaria de la Unión Europea y eso imposibilita aplicar el programa de Podemos de gasto, gasto y gasto sin tener en cuenta el déficit».

Los hosteleros demandan flexibilidad laboral y alertan de que «un marco más estricto sería desastroso» para el sector. Para su presidente, apostar por «mayor gasto y más presión fiscal no sería bueno para la empresa y más avecinándose una crisis», y «la preocupación es alta» dado que «ya se nota que el ticket medio y la frecuencia de visita del cliente a los establecimientos está bajando».

Desde Aerte valoran que «se haya recogido la cuestión de la atención a la dependencia como un tema prioritario», aunque «falta concretar aún muchas cuestiones». Y apelan a la colaboración público-privada, que consideran imprescindible para afrontar retos como el envejecimiento: «sin ella, será imposible».

El pequeño comercio prefiere esperar a que «se pongan a trabajar, que es lo que deberían estar haciendo desde hace meses» para realizar valoraciones exhaustivas sobre el efecto de Podemos, aunque avanza que «subidas de impuestos injustificadas, que lo único que harían es debilitar más un sector en un momento delicado, no serían nada bien recibidas». «Si se debilitara a las empresas, estarían dañando a la gallina de los huevos de oro», advierte, con el argumento de que «el dinero es muy miedoso y deben ser conscientes de que la riqueza siempre la generan las empresas, formadas por los empresarios y los trabajadores».

Desde la incertidumbre de «con qué apoyos y a cambio de qué» habrá finalmente gobierno, las grandes superficies claman contra el aumento de la presión fiscal sobre las empresas, por considerarla «un freno», y admiten que «lo que más asusta es un incremento desmesurado del gasto público, que no de la inversión, para financiarlo vía impuestos», con precedentes como la subida del IBI en hasta un 30% a grandes superficies implementada por el gobierno de Joan Ribó.

Los supermercados reclaman «estabilidad, certidumbre e interlocución», destacan su aportación al reto de la despoblación y su compromiso con el cambio climático, al tiempo que reivindican que «las leyes deben garantizar unidad de mercado y estar alineadas con Europa». En el pacto suscrito por Sánchez e Iglesias, echan en falta reivindicaciones valencianas como la financiación autonómica y el corredor mediterráneo.