Los empresarios cargan contra la pretensión del Consell de limitar los precios del alquiler

La pretensión de la Conselleria de Vivienda de intervenir en el mercado inmobiliario para intentar frenar la subida de los precios del alquiler ha hecho saltar todas las alarmas en el empresariado valenciano, reacio a que los gobernantes públicos sean quienes decidan en qué condiciones debe firmarse un contrato entre particulares.

Preocupa, sobre todo, el anuncio de que el departamento que dirige la socialista María José Salvador estudia «proponer al Estado el establecimiento de un sistema que limite el precio máximo de alquileres» en aquellas zonas «con urgente necesidad habitacional, potencialmente tensionadas y donde los precios del alquiler se hayan incrementado porcentualmente muy por encima de la media», como publicó este periódico la semana pasada.

Para imponer esos topes, desde la Generalitat aseguraron ampararse en la Ley de la Función Social de la Vivienda y enmarcaron ese plan en las medidas a estudiar junto al Estado, responsable de su implantación, si detectan «zonas especialmente conflictivas en la Comunitat, como algunas áreas de Valencia, donde distintos informes revelan que el precio del alquiler se ha incrementado cerca de un 40%».

Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia, advierte de los riesgos de intervenir en el mercado y pone el foco en la necesidad de que las administraciones públicas hagan sus deberes para acabar con el retraso en la concesión de licencias y dar respuesta, mediante el parque público de viviendas, a los jóvenes, mayores o personas con dificultades para tener un sitio donde vivir.

«No se pueden poner puertas al campo», sentencia sobre esos planes de limitar los precios del alquiler, una iniciativa para la que no se ha consultado a los representantes del sector y que, a su juicio, «podría tener unos efectos totalmente negativos, con independencia de que haya que analizar muy bien por qué se produce esa subida de precios».

Para Olmedo, «topar o fijar precios puede dar lugar a distorsiones del mercado, como pagar un precio oficialmente y que después haya anomalías o la salida de productos al mercado que no sean claros y competitivos». En cuanto a las causas de esa «creciente burbuja del alquiler» para la que el Consell asegura estar buscando una solución a corto y largo plazo, apunta a irregularidades del alquiler turístico, a las que «hay que poner coto», y también a los retrasos en las licencias municipales.

«Si no hay oferta, el precio tiende a subir, y en muchos sitios no hay vivienda», asegura Olmedo, que urge a solventar «el anómalo retraso en la ciudad de Valencia, donde se tarda año y medio en obtener licencia -para construir-y dos años o más en hacerse» la promoción en cuestión.

También Salvador Navarro, presidente de la patronal autonómica, apela a la responsabilidad de la administración pública para «controlar los excesos del mercado turístico», así como para «incentivar mucho más el alquiler con precios asequibles» y mejorar asimismo el parque público de viviendas existente.

De hecho, se muestra preocupado por la falta de incentivos públicos que fomenten el alquiler, pese a las enseñanzas que cabría esperar de la última crisis inmobiliaria.

«Se pueden hacer muchas cosas para ver cuál es el problema y buscar soluciones, pero sin meterse en los contratos entre privados ni pretender implantar controles obsoletos desde el ámbito público a los precios entre privados», recalca a este diario el máximo dirigente de la CEV.

A falta de conocer los planes exactos del Consell, que de momento se ha limitado a emitir un comunicado sobre sus intenciones, los recelos aumentan en vista de las experiencias de grandes capitales como París o Berlín, a las que aludió en marzo el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna para advertir a Podemos del riesgo de generar «más incertidumbre y menos oferta» e incluso encarecer el alquiler.

Según Fernando Encinar, jefe de estudios del portal Idealista, fijar un sistema de topes máximos y mínimos como el implantado en París en 2015, y que acabaron tumbando los tribunales, podría implicar «una reducción muy significativa de la oferta para una demanda creciente, lo que conllevaría una mayor dificultad para acceder a la vivienda en alquiler y florecería un mercado negro tóxico para los inquilinos».