Las empresas de ITV alertan sobre el nuevo modelo de la Generalitat Valenciana

A un mes de que la Generalitat asuma la gestión de las estaciones de ITV en la Comunitat, la incertidumbre planea sobre el sector, ya que muchos de los trabajadores no saben qué será de ellos y las actuales concesionarias apunta que el proceso está trufado de improvisación y precipitación, lo que repercutirá en el servicio que se va a prestar a partir de enero, según los datos que maneja la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova ITV).

En este momento, hay más de 1.200 trabajadores a la espera de la toma de decisiones y Aecova advierte de que si se suprime la prueba de ruido de la inspección, se pone en riesgo el puesto de trabajo de 300 empleados de las estaciones. Desde la asociación reclaman que la Generalitat realice una auditoría externa de cada puesto de trabajo y la necesidad de aprobar un convenio sectorial de las ITV.

Además, advierten de que las adjudicatarias todavía no han amortizado parte de su patrimonio, por lo que será un extra económico que tendrá que asumir la Generalitat. El informe Nuve Consulting, que se realizó para argumentar la reversión del servicio, apuntaba una gestión económica favorable para las arcas públicas de 39 millones de euros, aunque esa cantidad se ha reducido últimamente hasta los 16 millones. Una cantidad que será menor si la Generalitat tiene que asumir el patrimonio de los siete lotes que todavía no lo han amortizado. Además, la Generalitat deberá renegociar todos aquellos servicios que las actuales estaciones tienen contratados con terceros y que no se pueden subrogar con la reversión a partir de 2023.

El plan para ejecutar la reversión no se ha cumplido, según la asociación de ITV. En un principio, había un plan para tomar todas las decisiones durante un periodo de dos años, pero Aecova asegura que no se ha cumplido y que todo se tendrá que realizar en un plazo de dos meses, por lo que el cronograma exprés perjudicará al servicio que se dé a partir de enero.

Las actuales estaciones cuentan con un certificado ENAC de garantía, un acreditación que la nueva empresa de la Generalitat lograría a partir del segundo año de su puesta en funcionamiento. Mientras tanto, apostaría por una auditoría del Ivace, que no deja de ser una empresa pública de la Generalitat.

En Aecova manejan que la inversión prevista por el Consell para la puesta en marcha de nuevas estaciones no se va a cumplir, porque cada instalación cuesta entre dos y cuatro millones de euros, un presupuesto muy alejado de los 700.000 euros que se quieren invertir en la de Torrent. La asociación cree que las cuatros nuevas estaciones prometidas, dos en Valencia y dos en Castellón, no estarán listas al menos hasta 2024. Y aseguran que a partir del 1 de enero de 2023 el servicio quedará interrumpido en Santa Pola, Calpe, Orihuela, Elda, Redován, Pilar de la Horadada, El Campello y Monóvar.

Además, la prueba de ruido se va a eliminar, cuando dentro de dos años va a ser obligatoria. La supresión de este paso permitirá bajar la tarifa, aunque la asociación asegura que se perjudica al Medio Ambiente y se pone en riesgo el puesto de trabajo de 300 personas. Si la prueba se elimina, los 16 millones de euros que aspira recaudar el Consell con las ITV se verían reducidos todavía más. En las empresas ven cierto interés del actual Botánico, especialmente en Compromís, para colocar en la nueva empresa a cargos afines.

Aecova defiende que puede existir la colaboración público-privada y aseguran que se podría dar una transición tranquila para pasar del actual modelo al de la Generalitat. La asociación apunta que se pueden llegar a acuerdos para que todas las partes se vean beneficiadas y prorrogar la actual concesión.

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