Las empresas familiares reivindican la Constitución y piden consensos «amplios» para la estabilidad de España

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y las dieciocho asociaciones territoriales, entre ellas la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en representación de las más de 1.800 empresas familiares asociadas, ha lanzado un llamamiento a las fuerzas políticas democráticas para que «impere» la responsabilidad, la moderación y el firme respeto a los pilares fundamentales que han posibilitado que España sea la sociedad «libre, dinámica y moderna» de la que hoy se disfruta.

En una declaración suscrita por empresas familiares de todo el país, se ha reivindicado el marco constitucional vigente desde 1978 y ha recordado que, bajo la Constitución, la sociedad española ha protagonizado «el mejor periodo de convivencia y prosperidad a lo largo de los siglos XIX y XX», que se sigue extendiendo hasta la actualidad.

En estos cuarenta y cinco años de régimen democrático, señala la declaración, se han sucedido con total normalidad las alternancias en el gobierno y se han alcanzado hitos como la mayor descentralización territorial, política y administrativa de la historia, y la incorporación de pleno derecho de España a la Unión Europea y a las demás organizaciones multilaterales del entorno geográfico, político y cultural.

Desde 1978 hasta el año 2022, recuerdan las empresas familiares, la renta per cápita de los españoles ha pasado de 4.356 dólares a 29.350 dólares, multiplicándose por casi siete veces, lo que lo convierte en el período «más próspero» de la historia.

En el comunicado, publicado este martes bajo el título 'En defensa de 45 años de convivencia constitucional y prosperidad económica', también han destacado que, en los últimos años, la polarización de la vida política, el frentismo y la política de bloques parecen cuestionar y poner en riesgo los incontestables logros de la democracia española.

Por este motivo, el IEF ha señalado que lo que España necesita en este momento son «amplios consensos políticos y sociales» para acometer reformas estructurales de calado con las que combatir algunos problemas destacados como el desempleo, el fracaso escolar, el desequilibrio presupuestario o el preocupante nivel de endeudamiento público.

«La ausencia de consenso para profundizar en la senda de las reformas agravará la sostenida pérdida de competitividad de nuestro país que se refleja en el deterioro de nuestra tasa de convergencia con las demás economías europeas», han argumentado.

En el contexto de la investidura del nuevo Gobierno, que se someterá a votación en el Congreso de los Diputados esta semana, las empresas familiares recuerdan que «goza del beneficio de su legitimidad democrática de origen».

No obstante, al mismo tiempo se han hecho eco de la «honda preocupación» que refleja «la contundente respuesta» que esos acuerdos de investidura han suscitado en instituciones y asociaciones tan centrales de sistema de administración de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las distintas asociaciones de jueces y magistrados.

Según el texto de la declaración, las consideraciones en torno al posible impacto de esos pactos sobre el estado de derecho en España deberían ser «objeto de reflexión» por parte de todos, porque la estabilidad institucional, y el Estado social y democrático de derecho que la Constitución brinda han dado «las mayores cotas de libertad y prosperidad de las que España ha gozado en su historia».

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