Empresas de la Marina piden depender del puerto para tener seguridad jurídica

Y han sido claros: prefieren estar bajo la tutela de la Autoridad Portuaria para ganar en seguridad jurídica. Así lo ha trasladado en un comunicado la asociación empresarial Marina Premium Valencia, que engloba a los negocios que ofrecen servicios de restauración, ocio y náuticas, y, además, puso sobre la mesa en una reunión que mantuvo con el servicio de Dominio Público Portuario.

El motivo, explican, es el «clima de inseguridad jurídica» (que sienten como una amenaza), y «la falta de sintonía» con el Consorcio, que está en liquidación tras la salida del Gobierno de este ente gestor creado para desarrollar la Marina con motivo de la celebración de la Copa América (y para cuyas obras se recurrió a un crédito ICO).

Precisamente a pesar de esa disolución, y dado que las administraciones públicas implicadas aún no han llegado a un acuerdo sobre la fórmula adecuada para gestionar la Marina, hay unos contratos que dependen del Ayuntamiento (es el caso del edificio de los Docks, por ejemplo), el Consorcio o el puerto, que hace unas semanas resolvía la concesión de la antigua estación marítima para convertirse en un 'hub' tecnológico de la mano de la inversión de Startup Valencia.

El puerto también tiene el control sobre los amarres y los negocios náuticos mientras que el edificio Veles e Vents –que fue uno de los mencionados por Martínez como uno de los que se debería estudiar y para el que había soluciones– ha obtenido una prórroga de su contrato, según explicaba a este periódico el portavoz de la asociación Marina Premium, José Ramón Fuster. «Te levantas y no sabes de quién dependes. El futuro nos preocupa», aseguró.

Según explica la organización, Ayuntamiento y Consorcio todavía retienen, debido a los convenios de 2013, la gestión de las antiguas bases de la Copa América, los tinglados, el Veles e Vents o los restaurantes de la explanada. «En vigor y cuestionados por la Abogacía del Estado», puntualizan en referencia al informe solicitado por el puerto que recogía que, dado que la deuda está condonada, los terrenos de la Marina, con sus correspondientes actividades, deben revertir a la APV dado que ya no se cumplen los requisitos de utilidad pública o interés social para el que fueron cedidos al Consistorio y éste, a su vez, al Consorcio que dirige Vicente Llorens.

Un organismo con el que han mantenido desencuentros por la reducción de horarios en verano (tienen que cerrar a las 01:30 horas frente a otros sitios turísticos con cierre a las 03:00 horas), multas y exigencias técnicas «desproporcionadas», ascensores y servicios públicos cerrados, falta de limpieza general, etc., además de denegar «injustificadamente» las prórrogas por los cierres de actividad durante el Covid, motivo de proceso judicial en Valencia.