La Fiscalía pide la imputación de las patronales Cierval y CEC por presunto fraude

La Fiscalía de Castellón ha pedido la declaración como imputados de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y la Confederación de Organizadores Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), así como de las sociedades Consultoría y Estudios AGP y Centro de Oficios RF por un presunto fraude de 419.000 euros procedentes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Servef) para la realización de cursos de formación, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

El Juzgado de Instrucción 1 de Nules tiene abierta una causa desde primeros de julio a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Castellón en relación con un delito contra la Hacienda Pública, en la modalidad de delito de fraude de subvenciones y otro delito continuado de falsedad documental, este último en relación con las facturas presentadas a modo de justificación del destino de los fondos obtenidos.

La Fiscalía señala como posibles autores de los hechos y pide su declaración como imputados a los responsables y legales representantes tanto de las patronales CEC y Cierval como de las mercantiles contratadas para realizar los cursos formativos. El juez ha acordado solicitar la documentación necesaria para investigar la causa.

El presunto fraude se habría producido en los cursos de formación encargados por la CEC en 2009 y 2010. Hacienda detectó la existencia de una serie de facturas irregulares emitidas por los dos proveedores de servicios de formación contratados por la CEC y requirió al Servef información al respecto por tratarse de subvenciones procedentes de la administración pública. Consultoría y estudios AGP recibió un total de 258.500 euros y 'Centros de Oficios RM', 160.200 euros. Las cantidades formaban parte de un total de 12,2 millones de euros aportados por el Servef a la patronal autonómica Cierval, que a su vez fueron redistribuidos a las patronales provinciales.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que «no se justificó ni la realidad de los gastos de docencia ni la efectiva realización de los trabajos de evaluación», motivo por el cual ha solicitado información sobre los mismos tanto a la Generalitat como a la patronal autonómica. La investigación, además, va más allá y sostiene que no puede determinarse que las empresas realizaran actividad económica alguna en los ejercicios 2009 y 2010 y que, por tanto, hayan realizado los seminarios o cursos.

Al respecto, Mira declaró que la gestión del anterior ejecutivo «fue correcta», al haber llevado el asunto el Servef ante la Fiscalía. Además añade que la Generalitat está a salvo de cualquier perjuicio económico, puesto que la patronal devolvió dicha cantidad tras ser expedientada.

En este sentido, la CEC, en un comunicado, se declaró ayer «perjudicada» por haber tenido que devolver la cantidad abonada por unos cursos que, según asegura, «fueron realizadas, y controladas y supervisadas por el Servef». La patronal, que ha recurrido el expediente del Servef con el fin de recuperar la cantidad, reduce la investigación a «un asunto de carácter tributario de quienes han realizado las acciones formativas».