Una filial del IVI afronta una multa de doce millones por contrabando de medicamentos

La filial del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), Biomedical Supply, aceptó ayer una multa de 5.500.000 euros por un delito de contrabando de medicamentos. Por su parte, el que fuera administrador de la empresa hasta el pasado mes de enero ha aceptado una condena de un año y seis meses de cárcel y el pago de 6.500.000 euros, sumando entre las dos sanciones 12 millones de euros que fueron abonados el pasado 12 de julio según consta en el escrito remitido por la Fiscalía Provincial de Valencia al juzgado. A esto se le suma una penalización de nueve meses para la empresa durante los que no podrá obtener subvenciones para contratar con las administraciones públicas o gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social. En un primer momento, la Fiscalía pedía que esta sanción ascendiera a tres años. El Ministerio Público también solicitaba para Biomedical Supply una sanción de 20 millones de euros. Además de cuatro años de cárcel y 27 millones de euros de multa para su entonces administrador.

Para la rebaja de las multas y de la pena, la Fiscalía ha tenido en cuenta una circunstancia atenuante para la filial del IVI al establecer una serie de medidas de control para prevenir los delitos que en el futuro pudieran cometerse. Asimismo, el Ministerio Público aprecia las dilaciones por el retraso que ha tenido la instrucción, por lo que la decisión que recae sobre el que fuera consejero de la firma cuenta con el atenuante por «dilaciones indebidas» en la «tramitación del procedimiento», según aparece reflejado en el acuerdo de conformidad, al que ha tenido acceso este periódico y que se vio ayer en la Ciutat de la Justicia.

La investigación responde a que la mercantil importaba de manera ilegal unos kits utilizados en tratamientos de fertilidad que no contaban con el preceptivo sello CE. Por ello, carecían del certificado de las garantías de seguridad, eficacia y calidad.

La investigación concretó la responsabilidad del administrador y los hechos se remontan a 2012, cuando el acusado, como administrador de la sociedad, decidió importar los citados productos sanitarios. Los artículos, comprados a una mercantil japonesa, carecían del CE y, por tanto, no se podían importar ni comercializar en España, aunque, según concluye la investigación, no existen indicios de que «su uso cause perjuicios a la salud del paciente».

Dichos kits son medios de vitrificación y conservación de ovocitos y embriones y contienen gentamicina, un producto que les incluye en la clase III y que hace imprescindible dicho certificado para poder ser comercializados en España.

La primera vez que introdujeron el producto la empresa presentó un certificado que, sin embargo, no podía incluir a los kits porque estos contenían el citado medicamento. La Agencia Española del Medicamento alertó de que la documentación no cumplía con los requisitos que exige la ley. Esto se produjo en febrero de 2013 y la firma trasladó que ya habían solicitado el certificado al vendedor japonés. Sin embargo, la mercantil, durante ese mismo año y el siguiente, siguió importando los productos sin sello a través del aeropuerto de Valencia.

En total, en ese periodo, adquirieron mercancía por valor de cinco millones de euros. Sanidad reclamó más información pero el cargo de Biomedical tan sólo aportó los documento que ya había presentado y que resultaban insuficientes. Sanidad tardó un año en darse cuenta de que la firma no contaba con el permiso necesario. A finales de 2014, desde el ministerio finalmente se le impidió sacar la mercancía de la aduana precisamente ante la carencia del sello de la CE. Pese a todo lo anterior, el acusado no desistió en su empeño de seguir importando el citado material «de manera clandestina». En los siguientes envíos, la mecánica utilizada fue camuflar los kits para los tratamientos de reproducción entre otro material que no requería esa autorización. Para ello, siempre según el relato del ministerio público, escondió los artículos entre otros y, además, sustituyó las facturas enviadas por la mercantil nipona por otros documentos creados por el acusado que tenían «el mismo formato» que el fabricante.

Al menos se realizaron tres envíos con esta estratagema por valor de 213.000 euros. En diciembre de 2014, la aduana bloqueó una nueva remesa de Biomedical Supply por un importe de 275.000 euros. La Fiscalía Provincial de Valencia sostuvo que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.

Biomedical Supply es una firma propiedad de los fundadores del Instituto Valenciano de Infertilidad, que fueron en su día investigados aunque la causa se archivó a propuesta del ministerio público. Este periódico se puso en contacto ayer con los responsables del departamento de comunicación del IVI, que insistieron en que no tenían nada que ver con este asunto pese a que la relación entre las firmas es evidente y Biomedical es una empresa filial.