Cerca de 800 empresas ya pagan 30.000 euros por el impuesto al plástico

Los vaticinios que realizaron a principios de año las empresas dedicadas a la transformación del plástico sobre el impacto que tendría el impuesto a este producto, en vigor desde el 1 de enero de 2023, se cumplen. La cifras seis meses después hablan por sí solas: cerca de 800 empresas valencianas ha pagado ya más de 30.000 euros cada una por el impuesto al plástico y a más de 300 mercantiles les ha costado 50.000 euros adaptar sus sistemas informáticos para cumplir la Ley 7/2022, de 8 de abril, que recae sobre la utilización de envases no reutilizables que contengan este material, tanto si están vacíos o tienen mercancía en el interior.

Este es el balance del impacto del impuesto en el sector valenciano a raíz de los datos extrapolados de un informe elaborado por EsPlasticos. La plataforma confirma, en respuesta a este periódico, que la industria valenciana es de las más afectadas por este gravamen, puesto que es la segunda más potente de España. En concreto, la Comunitat cuenta con aproximadamente 1.000 empresas dedicadas a la transformación de plástico y da empleo a más de 15.800 personas. A nivel de facturación, supera los 3.300 millones de euros anuales en total.

«El volumen de negocio y los pedidos han disminuido considerablemente para más de un 80% de las empresas dedicadas a la transformación de plásticos y ello se debe de forma principal a la implantación del impuesto al plástico», explican desde EsPlásticos, que recuerdan que el 98% son pymes y micropymes. «Para más de un 30% hablamos de un impacto de más de 50.000 euros, para el 37% de un gasto entre 10.000 euros a 50.000 euros y de hasta 10.000€ para el resto. El impuesto está suponiendo un esfuerzo ímprobo en un tiempo récord», agregan desde la plataforma, que pide que se elimine este tributo que, por lo pronto, sólo se ha aprobado en España a tenor del requerimiento de la Unión Europea.

Por este último punto precisamente, tanto desde EsPlásticos como desde la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico (AVEP) señalan que el gravamen –de 0,45 céntimos por kilo– se ha aprobado en un momento poco oportuno, por el contexto inflacionista, y que genera una pérdida de competitividad respecto al resto de países europeos que no lo ha aprobado todavía. «Una parte del coste se ha podido trasladar al consumidor, pero el coste de la adaptación informática y formativa de las personas que tenían que gestionarlo, no se ha podido trasladar. Todo ello ha llevado a una pérdida de competitividad y ha ido en contra los costes generales de estructura de las propias empresas», explica la secretaria general de AVEP, Cristina Monge.

Por ello, el sector pide que se elimine el impuesto o bien que, al menos, se modifique para que sea trimestral y no mensual. «Se está generando un agujero enorme en el circulante de las empresas», señalan.

Por su parte, desde la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova), que representa a firmas como Mercadona y Consum, explica que este impuesto supone «una carga fiscal adicional en un momento en que la cadena de valor está muy tensionada» y piden revisar la «complejidad del mecanismo». En su caso, deben tributar por el plástico importado, aunque también sufren el sobrecoste que les trasladan los proveedores por este gravamen.

Cabe recordar también el problema con el que se encuentran numerosas empresas al no poder conseguir plástico reciclado. Aunque el objetivo del impuesto es fomentar el uso de envases reutilizables y reciclados, la escasez de éstos impide que las compañías puedan adquirirlo, viéndose obligadas a optar por envases de un sólo uso, más contaminantes y, ahora, también más caros.

La repercusión económica del total del impuesto, a nivel nacional, está estimada en 690 millones de euros para toda la cadena de valor del envase en el sector alimentación. Para Asedas -que representa el 75% de la superficie de distribución alimentaria en España- el impacto directo es de unos 30 millones de euros/año –incluidos en esta estimación; sin embargo, existe un coste no calculado todavía y de muy difícil cuantía: el coste administrativo y burocrático de llevar a cabo las obligaciones de un impuesto que implica casuísticas tan diferentes y tantos agentes.

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