Parra reconoce administración desleal en el mayor crédito dado en la historia de Banco de Valencia

La mayor operación crediticia que acometió Banco de Valencia en su historia fue llevada a cabo incurriendo en administración desleal continuada. Así lo reconoció este martes el ex consejero delegado de la entidad, Domingo Parra, en la segunda sesión del caso que juzga en la Audiencia Nacional la concesión de 312 millones de euros al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación relevante en la promotora Metrovacesa.

La fiscalía, que pide para Parra cuatro años de cárcel en la que sería su tercera condena, recoge que la entidad aprobó la financiación de la operación entre enero y marzo de 2007 sin «un análisis suficiente de su viabilidad y sin la adecuada participación de los empleados que tenían encomendada la función de análisis y evaluación de riesgo». De hecho, la recuperación de estos fondos se hizo descansar «casi en exclusiva» en unas garantías que «no pudieron absorber las pérdidas derivadas del impago de los préstamos», que generaron un perjuicio de 93,9 millones de euros.

Con esta operación la familia Soler querían adquirir la participación del 2,4% que la CAM tenía en la promotora y «constituyó la mayor operación crediticia» de la historia del banco, llegando a representar el 23,9% de sus recursos propios. Estos niveles que «contravenían» los acuerdos del propio consejo de administración de Banco de Valencia, que «limitaban la concentración de riesgos al 15%».

La Fiscalía considera probado que ninguna de las decisiones «fueron aprobadas en su totalidad ni por el consejo ni por la comisión ejecutiva, que además tampoco contó con la información necesaria y suficiente para poder valorarlas». Ni siquiera el responsable máximo en materia de créditos, el comité de riesgos, «conoció con carácter previo» unas operaciones de las que «únicamente» sabía sus pormenores en profundidad Parra.

Además, el seguimiento de los créditos concedidos se limitó a la utilización de una herramienta «sin efectos contables», deficiencias que fueron incluso advertidas «reiteradamente por el Banco de España». De esta forma, Parra habría infringido «conscientemente los deberes inherentes a su posición, de lealtad y transparencia» en un «injustificado trato de favor al 'Grupo Soler'», y «tolerando además que no se satisfacieran los intereses por descubierto de varios créditos o que, una vez pagados, fueran retrocedidos». En la práctica, ello supuso que el banco dejó de cobrar «determinadas comisiones a las que tenía derecho, aplicando tipos de interés más favorables a los acreditados».

Los hechos tuvieron lugar el mismo año en el que Metrovacesa presentó una opa para resolver el enfrentamiento entre la familia Sanahuja, que controlaba el 39,6% de la inmobiliaria, y Joaquín Rivero (ya fallecido) y su socio, Bautista Soler, que sumaban entre ambos el 39,14% de su capital. La denominación Metrovacesa quedó entonces en manos de los Sanahuja junto con los negocios inmobiliarios centrados en España, entre otros, mientras que Rivero y Soler se pusieron al frente de los de Francia.

En la misma sesión, el empresario Bautista Soler, que compareció mediante videoconferencia, se acogió a su derecho a no declarar, ni siquiera a las preguntas de su propio abogado. En su caso, Anticorrupción le considera cooperador necesario y pide para él cuatro años de cárcel. Además de a Parra y Soler, la fiscalía acusa a la hija de este último, María Victoria Soler y a su marido, Vicente Fons, para los que solicita cuatro años de cárcel, y Rafael Ruiz Jarabo, al que se le piden tres.