El Consell deja sin renovar el consejo del Puerto mientras pelea por la ampliación

La falta de acuerdo entre los socios del Botánico vuelve a dejar en la estacada el normal funcionamiento de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El pleno del Consell ha tenido que aplazar sin fecha la designación de tres de los puestos de los que dispone en el consejo de administración de la institución portuaria.

La decisión se esperaba para el pleno escoba del año, celebrado ayer, pero al enfrentamiento entre socialistas y Compromís por el reparto se ha sumado la decisión de Podemos de pedir un puesto. Hasta ahora, el partido de Iglesias había estado poco activo en este asunto, aunque a última hora decidió no conformarse con sólo un puesto en la autoridad portuaria alicantina, sino reclamar también estar presente en el de Valencia. La vicepresidenta del Consell Mónica Oltra prefirió no pillarse los dedos ayer y prometer que el anuncio se habrá en breve, sin comprometerse a una fecha.

El organismo tiene un total de 15 puestos, pero ya ha finalizado el mandato de cuatro de sus ocupantes. Desde el pasado mes de junio tres de los responsables en nombre la Generalitat lo son únicamente con voz, pero sin voto, para evitar la impugnación de las decisiones que puedan tomarse con su participación. Se trata del naviero y presidente de la asociación empresarial AVE, Vicente Boluda, la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero y el ex secretario autonómico de la Vertebración del Territorio de la Conselleria de Obras Públicas, Vicent Boira, en representación de Compromís.

A ellos hay que sumar el lugar que ocupa el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, que está por el Consell aunque dispone del puesto propio de las patronales, pero no piensa cambiarse hasta que se aclare la situación política para no echar más leña al fuego. De hecho, tiene tiempo hasta 2021 y no se plantea ser el centro de nuevas tensiones.

Esta situación se debe a que en la última renovación el puesto estaba aún a nombre de Cierval y como jugada estratégica decidieron cederlo al presidente de la patronal madrileña (CEIM) y vicepresidente de CEOE, Juan Pablo Lázaro, que se ha mantenido en él hasta abril de 2019.

Eso sí, lo que está claro es que ya no habrá empresarios representando a la Administración. El PSPV plantea renovar a Rodríguez-Piñero, e incluir a la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, como lo están los de Valencia y Sagunto, dejando el sobrante a Compromís. Los de Oltra quieren dejar a los socialistas con un representante, al ser el presidente Aurelio Martínez del PSOE, y meter a la secretaria autonómica de Política Territorial, Inmaculada Orozco, y a la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra. Mientras, Podemos pide otro sitio.

En todo caso, una imposición de dos representes de la formación nacionalista no tendría una capacidad especial para inclinar una votación en un tema tan sensible como la ampliación, pero no evidenciaría, como hasta ahora, la soledad del alcalde de Valencia, Joan Ribó, en esta materia. El primer edil ha sido el voto discordante desde hace un año en lo que se refiere a la ampliación portuaria. Frente a él se han manifestado los representantes del Estado, la Cámara de Comercio, los sindicatos portuarios y el alcalde de Sagunto.

Por el momento, esta situación se ha traducido con balances de 11 votos a 1 y una hipotética incorporación de dos miembros del partido de Oltra al consejo y sólo uno del PSOE dejaría el asunto en un 12 a 3. Una situación que fuentes portuarias consideran asumible.