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La toma de Cambra Barcelona por parte de la agrupación de empresarios Eines de Pais, impulsada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), puede tener una deriva en las cámaras de comercio de la Comunitat Valenciana. Diversos empresarios vinculados a la institución descartan que ninguna organización independentista pueda llegar a hacerse con la planta noble del edificio de Poeta Querol, como ha pasado en la ciudad condal, pero sí ven riesgo en la imitación por parte de Podemos de algunas de las propuestas más populistas de la organización prosecesionista.
Concretamente, se trata de la propuesta de Eines de Pais, que ha hecho propia la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, para modificar la ley de cámaras catalana con el objetivo de «reducir a la mínima expresión que algunos representantes tengan la silla garantizada (en el pleno de la institución) por el solo hecho de pagar». En el caso barcelonés se trata de 14 empresas que, con una aportación económica mínima de 75.000 euros, acceden a la asamblea de la entidad.
La razón alegada por Eines de Pais es «sacar al IBEX 35» de la institución y devolverla al 'botiguers', pero también es cierto que la medida afecta a empresas que con el desafío soberanista del 1-0 trasladaron su sede a otras capitales de España. Miembros por aportación voluntaria e integrantes de la diáspora son las ahora valencianas Caixabank y Banco Mediolanum, la alicantina Sabadell, la mallorquina Criteria Caixa y las madrileñas desde 2017 Naturgy (anterior Gas Natural Fenosa) y Abertis.
Del resto, nunca han tenido su presidencia en territorio catalán ni Indra ni las consultoras Deloitte y PwC. Aigües de Barcelona llegó a marcharse y luego volvió al cabo de unos meses, siendo sólo de catalanidad pata negra para Eines de Pais cuatro de las 14:Hoteles Catalonia, Damm, el Real Automòvil Club de Catalunya (RACC) y Magma Disseny, aunque esto tampoco significa que sus responsables estén en sintonía con la organización independentista.
La pertenencia a la Cámara no es obligatoria desde 2011 y, para elegir el pleno, las socias se dividen en nueve grupos: industria extractiva, manufactura, construcción, transporte... Cada grupo elige entre dos y una decena de representantes hasta sumar 40 vocales. A estos se unen ocho vocales elegidos entre representantes de empresas (CEV) y personas de reconocido prestigio. Por último, 12 entran por aportación.
El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, señala que, de esa docena, Bankia, Caixabank y Mercadona pagan directamente a Cámara España, mientras que únicamente ponen 6.000 euros las otras 11: Consum, Anecoop, Boluda, Sistemas Genómicos, Dacsa, Don Hierro, EMAC Complementos, Jumel Alimentaria y S2 Grupo. «En un presupuesto de 9,62 millones, sus 66.000 euros no tienen capacidad de condicionar nada, pero permiten que la Cámara sea el espacio que une a grandes y pequeñas», destaca. Además, el líder cameral considera que hay «riesgo cero» de que se reproduzca el caso catalán.
En el caso valenciano, la ley que regula la composición de la organización es de 2015, con el Partido Popular en el poder, pero su aplicación ha transcurrido con mayoría del tripartito de PSPV, Compromís y Podemos en Les Corts y la Conselleria de Industria con el nacionalista Rafael Climent al frente.
Sin embargo, la cuestión sería la voluntad de Podemos de 'hacerse ver' en el ámbito económico, una vez entre en el Ejecutivo, como se apunta en las negociaciones para el futuro gobierno. Aunque la Cámara de Comercio no es la gran institución económica de antaño, ya que su suprimió la inscripción obligatoria y su representatividad actual es limitada, no ha dejado de ser la entidad empresarial más reconocida desde fuera del ámbito económico.
Al igual que el movimiento independentista catalán quiere hacer de Cambra Barcelona una bandera del respaldo social a su causa, desde el ámbito empresarial se ve como un riesgo real que Podemos convierta a las cámaras valencianas en el chivo expiatorio, al tiempo que tenga que hacer concesiones en otros ámbitos por cuestión de pragmatismo político.
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