El Estado, los saudíes y 'la Caixa' se reparten el tesoro de Telefónica

El último movimiento lo realizaba este mismo lunes CriteriaCaixa. El brazo inversor de 'la Caixa' (el holding que aglutina todas sus inversiones) duplicaba su participación hasta alcanzar el 5% del capital de la compañía de telecomunicaciones. Hasta ese momento, CriteriaCaixa poseía un 2,69% del capital. El grupo apuntaba la misma justificación que ha enalborado el Gobierno para entrar en Telefónica. Que «tiene carácter estratégico« y que su participación debe interpretarse »a largo plazo».

El trozo del pastel que tiene CriteriaCaixa va ligado indirectamente al que también ostenta CaixaBank. La entidad financiera tiene un 2,5% de Telefónica, participación que redujo hace apenas dos semanas, justo el día en el que el Estado inició la adquisición del paquete de acciones de la compañía. Entre el 2,5% de CaixaBank y el 5% de CriteriaCaixa, el poder de 'la Caixa' suma un 7,5%. Un poder que no quieren diluir, más aún cuando han entrado nuevos actores al accionariado y previsiblemente lo hagan a medio plazo al consejo de administración, donde ya han manifestado que querrán su asiento tanto el Estado como los saudíres.

El incremento del paquete de CriteriaCaixa y la reciente venta parcial de lo que poseía CaixaBank revelan por dónde discurrirá su estrateiga como gran accionista: reforzando el papel del holding empresarial en detrimento de la entidad financiera. Pero sin ceder un ápica de poder entre ambas. De hecho, el presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, y a la vez vicepresidente de Telefónica, votará en calidad de consejero dominical de Criteria, en lugar de en representación del banco, como lo había hecho hasta ahora.

Desde la entidad financiera insisten en la defensa del actual equipo directivo y, en particular, de su presidente, José María Álvarez Pallete. El grupo financiero se siente «cómodo» con la actual participación y seguirán defendiendo su posición en Telefónica independientemente de los intereses que muestren el resto de grandes accionistas, apuntan fuentes financieras.

El siguiente paso lo volverá a marcar el Estado cuando decida que la SEPI continúe con la compra de acciones de Telefónica hasta alcanzar el 10% previsto en diciembre del año pasado. Ese fue el mes en el que el Consejo de Ministros avaló esta operación, aunque no ha sido hasta ahora -en plena Semana Santa- cuando ha empezado a ejecutar la transacción.

Tanto el Estado como STC pretenden tener un miembro en el Consejo de Administración de Telefónica, que actualmente cuenta con 15 consejeros, pese a las reticencias que este paso puede suponer para el resto de accionistas, sobre todo por la entrada del Gobierno. Para que ambos inversores nombren representantes, habría que convocar una junta extraordinaria o esperar a la de 2025, ya que los plazos son demasiado ajustados para llegar a la del próximo día 12 de abril.

En esta reunión -la primera en la que se verán las caras el Estado y los saudíes- se reelegirá a los independientes José Javier Echenique, Peter Löscher, Vernónica María Pascual y Claudia Sender. El resto de vocales cumplen sus mandatos entre 2025 y 2026, por lo que el nombramiento de un consejero para Telefónica o STC forzaría la salida de uno de ellos antes de lo previsto.

Hasta hace solo dos semanas la compra por parte de la SEPI estaba en 'stand by' y desde que el Gobierno descartara presentar unos Presupuestos Generales para 2024 había dudas para una compra que podía quedar en el aire. Sin embargo, el Ejecutivo estaba decidido a no dar marcha atrás y fuentes gubernamentales confirmaban hace unos días antes que acelerarían la entrada en la compañía para completarla antes del verano, unos plazos que parece que podrán cumplirse sin problema.

«El Presupuesto tiene suficiente flexibilidad como para poder ejecutar la operación», señalaban dichas fuentes, que tenían claro que la compra se haría porque es «estratégica» y porque técnicamente es algo que se puede hacer pese a la falta de unas nuevas cuentas públicas. El límite de la deuda que establece cada año la ley de Presupuestos se modifica automáticamente con las necesidades derivadas del déficit, pero no tener Presupuestos podría complicar elevar el endeudamiento de la SEPI para hacerse con el 10% de la operadora.

La propia operadora estaba sorprendida de que el Gobierno no hubiera vuelto a dar noticias sobre la operación desde que anunciaron su interés en diciembre del año pasado. El endeudamiento extra de la SEPI no será menor, ya que la compra de esta parte del capital supondrá un desembolso de unos 2.300 millones de euros al Estado, calculados en base a la cotización actual de la compañía.