Miles de empresas valencianas entrarán en concurso de acreedores este verano

Según explica el economista Antonio Herrero, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia (COEV), es difícil concretar el número de compañías que se verán afectadas por esta tesitura en la Comunitat Valenciana, aunque asegura que serán «muchas más de miles», debido a la complicación de numerosas firmas de hacer frente a la devolución de los préstamos que el ICO concedió por la parálisis del covid. «Los famosos ICOS ayudaron a mantener el tejido productivo en una situación razonable, pero en este momento, con las circunstancias actuales y las perspectivas a medio plazo, la atención a esos créditos será complicada», asegura Herrero a LAS PROVINCIAS.

Ante esta situación, Herrero aconseja a las compañías que analicen con precisión su situación financiera y busquen ayuda en sus asesores para ver qué opción les conviene más. «Aquellas empresas que tengan demoras, que pueden ser todas aquellas que durante estos dos años han ido sobreviviendo como podían, deben presentar el concurso o el preconcurso en este caso si quieren actuar responsablemente», agrega el experto, quien advierte que en caso de que no sea la propia empresa la que presente el concurso voluntario, se pueden encontrar con que sean los acreedores los que lo pidan (los denominados concursos necesarios), con las consecuencias que ello tiene.

«Me consta que compañías de seguros y algunos acreedores con deudas importantes están esperando poder iniciar procedimientos de concursos necesarios para asegurarse de que si no recuperan su crédito vía concursal, puedan derivar esta responsabilidad al administrador», cuenta Herrero. Este procedimiento permite que el acreedor pueda reservarse el 50% de esa deuda, por lo que incentiva a los acreedores a presentar este procedimiento si no lo hacen las compañías de manera voluntaria en caso de admitir su insolvencia.

La principal consecuencia de un concurso necesario reside en que se depura la responsabilidad personal que pudiera haber por parte del administrador o del director general, obligándole a hacer frente a la deuda con su propio patrimonio. Además, la condena civil por impago incluye la posibilidad de inhabilitación del desarrollo del cargo hasta un máximo de cinco años. «Esto es un argumento más a favor para que las empresas responsables inicien concurso de manera voluntaria o el preconcurso», agrega Herrero, quien recuerda que actualmente está en marcha la tramitación parlamentaria de una modificación de la ley concursal para que las negociaciones ganen mayor flexibilidad.

Por otro lado, el despacho Abencys también destaca que con el fin de la moratoria y la situación económica, se prevé que sean numerosas las compañías que acudan simultáneamente al concurso. «Muchas de ellas ya empresas zombis, esto es, compañías de facto inviables que han mantenido su actividad de forma artificial a causa de las medidas públicas de apoyo produciéndose así una asignación ineficiente de recursos», manifiestan desde el despacho.

«Lo que en principio fue una medida lógica y adoptada en la mayoría de los países de nuestro entorno, con el paso del tiempo, las sucesivas prórrogas y la no exigencia de ningún requisito para poder acogerse a éstas, se ha convertido en una medida con unos efectos contraproducentes para el futuro del tejido productivo español», sostienen las mismas fuentes. En ese sentido, asegura que, a la vista del número de concursos presentados desde la entrada en vigor de esta medida, «es evidente» que la moratoria concursal ha generado un «efecto sedante» en las empresas en dificultades, sumiéndolas en «una falsa sensación» de que la decisión sobre las medidas a adoptar para la supervivencia del negocio puede posponerse casi indefinidamente.

En esta línea, Javier Díaz-Gálvez, socio de Abencys, indica que es consciente de que cuando una empresa entra en dificultades no es sencilla la puesta en marcha de medidas necesarias para posibilitar su supervivencia, pero lamenta que «la moratoria concursal finalmente no ha ayudado a este fin, sino más bien al contrario», posponiendo artificialmente la solución al problema. «Muchas empresas en dificultades, que deberían haber afrontado ya medidas complejas pero necesarias para su supervivencia, han continuado operando en la misma situación agravando su estado, y ahora con el fin de la moratoria, deberán enfrentarse a la realidad de su posiblemente, crítica situación«, expresa.

Para más inri, Herrero subraya que la negociación con el ICO es especialmente más complicada que con otros acreedores. «Una parte importante de esos pasivos que han generado son con el ICO y la negociación con esta institución no es fácil. Con un acreedor común es más fácil llegar a acuerdos de esperas o quitas», cuenta. Por este motivo, Herrero insiste en que la empresa debe «analizar muy bien la situación», con un estudio de su viabilidad y, en base a ello, presentar a los acreedores una propuesta dentro del proceso preconcursal, como mínimo.

Fin de la moratoria concursal: un posible colapso judicial

Pese a que durante el periodo de mora han continuado solicitándose concursos de acreedores, son muchas más las empresas y empresarios que se han venido acogiendo a las sucesivas ampliaciones de la moratoria concursal, retrasando así la presentación de su concurso al tener cobertura legal para hacerlo.

Por ello, Abencys asegura que es previsible que tras el fin de la medida, todas las empresas y empresarios afectados con el fin de tratar de evitar responsabilidad de sus administradores «no van a tener otra opción» que solicitar su concurso de acreedores durante los próximos meses, por lo que si a ese efecto se suma el cambio de normativa que también se avecina en la regulación de los procedimientos concursales, «se puede ocasionar un verdadero colapso de los juzgados mercantiles que no han visto reforzados sus medios en este periodo de moratoria».