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La oposición del alcalde de Valencia, Joan Ribó, a la ampliación norte del puerto está generando inquietud en el único aspirante a ejecutarla, la naviera MSC. Según reconoció tras el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) su presidente, Aurelio Martínez, la empresa le ha transmitido su preocupación ante las críticas a un proyecto en el que se compromete a invertir más de 1.000 millones de euros. «Quien se piense que aquí se puede decir cualquier cosa y fuera no se van a enterar, está muy equivocado», apuntó Martínez, en referencia a las críticas del primer edil.
De hecho, Ribó sigue en sus trece y ha sido el único voto en contra del inicio de la tramitación de la obra y no descarta emprender acciones legales en el caso de no prosperar las alegaciones que el consistorio quiere presentar contra el proceso y obligar a la emisión de una segunda declaración de impacto ambiental (DIA), por considerar que la actual, firmada en 2007, está desfasada ante la «emergencia climática» de hoy.
El primer edil aseguró que cejaría en su empeño si el Ministerio de Transición Ecológica da el visto bueno a la DIA de 2007, pero, en todo caso, reiteró tras la reunión que no está absolutamente en contra de la ampliación ni de la empresa que se ha presentado para hacerla, la naviera MSC, con la que se plantea contactar. Sin embargo, asegura que «las cosas hay que hacerlas bien», para que no ocurran episodios como los de la ZAL, paralizada durante dos décadas tras su construcción.
Este pulso entre el Puerto y el ayuntamiento cuenta como testigo a la Generalitat, desde la que su presidente, Ximo Puig, y el conseller de Política Territorial, Arcadi España, están apareciendo como mediadores entre la institución portuaria y el bando que lidera Ribó, seguido de la consellera Mireia Mollà (Compromís) y el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau (Unidas Podemos). De hecho, la Generalitat ha evitado enfrentarse al problema de que su representantes tomen partido, votando a favor y en contra de la oferta que se ha presentado, ya que sus cuatro consejeros no han sido aún ratificados por el ejecutivo surgido tras las elecciones de mayo.
Se trata del presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, y del de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el naviero Vicente Boluda, partidarios del proyecto; y la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero y el comisionado del Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, ambos socialistas. Sin embargo, si ha votado el compañero de partido de los dos últimos y alcalde de Sagunto, Darío Moreno, que ha dado su respaldo a la tramitación de la ampliación. Así, este paso clave ha obtenido un total de 10 votos a favor, uno en contra y esos cuatro no emitidos.
Al término de la reunión, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, negó las principales motivaciones de Ribó para oponerse al proceso y aseguró que aún hay mucho camino por delante para que salga la obra y el proceso no es irreversible. De hecho, recordó que, al no haber un plan especial, en breve el Ayuntamiento y la Generalitat podrán presentar sus informes al respecto y Ribó concretar los motivos de su rechazo.
Sobre la necesidad de una nueva DIA, Martínez asegura que cuenta con informes que validan la actual, pese a los cambios planteados al retomarse el proyecto en 2015. Además, apunta que una nueva declaración puede tardar hasta siete años y perderse la oferta de mil millones de MSC, empresa que ya está siendo tentada por Barcelona y Marsella para que lleve allí su inversión.
En todo caso, Martínez acepta que se estime el acceso ferroviario por el Norte en el que también insiste Ribó. Para ello, la consultora Ineco ha recibido el encargo del Puerto de hacer un informe sobre la conveniencia de un acceso viario y ferroviario, del que se tendrá resultados en plazo de 20 meses.
La única oferta presentada para la ampliación norte del puerto de Valencia es la de la firma Terminal Investment Limited (TIL), filial de la naviera MSC. La compañía tiene prevista una inversión de 1.021 millones entre 2020 y 2026 y la creación de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos a partir de 2027. TIL prevé una concesión de los terrenos a 50 años y desarrollará la nueva terminal en tres fases. La previsión es que cuando esté finalizada, la nueva instalación tenga una capacidad de 4,79 millones de TEU al año, lo que ampliará el volumen del puerto de Valencia a 12,5 millones de contenedores anuales. La firma también proyecta trasladarse desde la concesión que ahora ocupa en las instalaciones portuarias cuando esté terminada la segunda fase de la futura infraestructura.
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