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«Sería inaceptable que, cuando estamos recordando que hace ya 50 años murió el dictador Francisco Franco, alguien cayera en la tentación de adueñarse de ... un medio de comunicación independiente desde el poder, bien directamente o utilizando alguna empresa estatal como instrumento». Estas palabras, como respuesta a las presiones del Gobierno de Sánchez, llevan la firma de Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, en las páginas de opinión de El País. Las afirmaciones llegan un día después de que Oughourlian fuera proclamado presidente no ejecutivo de este diario y de que trascendiera una reunión en París entre el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, y el presidente de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, que posee un 12% del conglomerado de medios español.
La reunión fue revelada por el periódico galo Le Point y confirmada por López. También asistió Marc Murtra, el nuevo presidente de Telefónica. «Fue un encuentro de dos minutos», explicó López en La Sexta. «Como ministro, me reúno todos los días con dirigentes de medios de comunicación. En París, en Davos, en Bruselas, en Madrid... Es un bulo», se defendió.
Según Le Point, el ministro socialista pidió al ejecutivo de Vivendi que vendiera sus acciones en Prisa, unos títulos valorados en 50 millones de euros, pero que otorgan un intangible aún más valioso: el control de Prisa. El conglomerado de la familia de Vincent Bolloré, cercano a Oughourlian, es el segundo mayor accionista de Prisa, solo superado por el propio Oughourlian, que controla el 29% de las acciones. Una venta de estos títulos le dejaría en minoría en el consejo de administración y pondría en riesgo su posición en la próxima junta general de accionistas.
Según fuentes del sector, los propietarios de Prisa están divididos en dos bloques: por un lado, Oughourlian; y por otro, los contrarios al francés, liderados por Andrés Varela Entrecanales, que adquirió el 7% de Prisa tras la compra de los títulos de Telefónica en mayo de 2022.
Detrás de este grupo inversor están varios nombres vinculados al socialismo, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. Si Bolloré se deshiciera de sus acciones, el grupo de Varela Entrecanales, junto con otros accionistas minoritarios, podría consolidar una posición de control frente a Oughourlian. «El Gobierno no se mete en la política interna de un grupo privado ni entra en el accionariado», defendió López en La Sexta. Telefónica declinó hacer comentarios sobre la reunión en París. Según Le Point, la presencia de Murtra respondía a la posibilidad de una alianza con Movistar Plus, un viejo objetivo de Puyfontaine.
Este lunes, Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha anunciado este que el PP pedirá la comparecencia de Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, y de Óscar López en el Congreso de los Diputados para explicar los motivos esta reunión.
La división interna en Prisa quedó patente a finales de febrero con la salida de varios directivos. La próxima junta general de accionistas será clave para definir el futuro de la compañía. Trece días después del encuentro entre López y Vivendi, el consejo de administración de Prisa se fracturó. «El consejo evaluará la continuidad de algunos directivos», advirtió Oughourlian en una entrevista con Expansión, propiedad de Unidad Editorial.
Ese mismo día, el presidente de Prisa clausuró el proyecto televisivo impulsado por Carlos Núñez, entonces presidente de Prisa Media, y respaldado por Moncloa. «Llega muy tarde», zanjó Oughourlian en la misma entrevista.
Desde hacía meses, el departamento de López trabajaba en la licitación de un nuevo canal de televisión en abierto para el verano. Fuentes del sector señalan que Prisa controlaría el 30% del capital, mientras que el 70% restante quedaría en manos de accionistas españoles, entre ellos un grupo liderado por José Miguel Contreras y otros inversores de Prisa, incluido Global Alconaba.
El proyecto televisivo quedó aparcado tras la salida de Núñez y la victoria momentánea de Oughourlian. «Un grupo de medios siempre tiene que tener una relación fluida con el Gobierno», afirmó el ejecutivo. Sus palabras en El País reflejan que la disputa por el control de la compañía sigue abierta. «Una sociedad sana y democrática necesita medios de comunicación fuertes e independientes que defiendan los derechos y las libertades de los ciudadanos, más allá de intereses políticos o económicos», defiende.
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