Puerto Mediterráneo ya cubre el 11% de la obra con los daños y perjuicios que pide al Consell

Los promotores del centro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo piensan resarcirse de los inconvenientes con los que se enfrentan desde que Compromís hizo bandera contra ellos desde la Generalitat y, por lo menos, compensar el daño que se les pueda llegar a causar.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana les diera la razón y devolviera la tramitación del proyecto al punto de inicio, se ve más factible el éxito de la operación y no se tiene ninguna duda sobre la presentación de la demanda de daños y perjuicios por el lucro cesante que se les ha causado, a unos 50 millones de euros anuales.

El proyecto se presentó en 2013 como Acción Territorial Estratégica (ATE) que, en principio, tenía que haber servicio para acelerar su realización. De este modo, llegó en 2015 a las puertas de la Conselleria de Vivienda, ya con el nuevo gobierno surgido del pacto del Botánico. Puerto Mediterráneo fue puesto como ejemplo de proyecto destructivo para el medio ambiente y el pequeño comercio por la formación que lidera Mónica Oltra, quien llegó a presentarlo como un caso de «economía de amiguetes», pese a no haber recaído sobre sus responsables ninguna acusación.

Con estos mimbres, la iniciativa ha tenido que pasarse estos cinco años en los tribunales hasta que ahora han demandado retrotraer el expediente a 2015 y rechazan que se pueda tumbar sino, en todo caso, ser modificado en lo que pueda chocar con la legislación y se subsanen los problemas.

Teniendo en cuenta que el proyecto podía haber contado con todos los beneplácitos en 2015 y necesitaría algo menos de tres años para su construcción, a día de hoy habría acumulado un lucro de aproximadamente 100 millones. Al ser el presupuesto de la obra de 868 millones, esto significaría un 11,5% del coste. Además, la cantidad puede seguir subiendo hasta que obtenga el OK definitivo. El Consell se encuentra actualmente dividido entre quienes optan por aceptar la última decisión judicial, los socialistas, y los que demandan la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo, como es el caso de Compromís y Unidas Podemos. 

De hecho, la Abogacía de la Generalitat solicitó a principios de noviembre una «completación de la sentencia» para que se motivara, «desde la perspectiva de la legislación ambiental», la razón por la que se puede desprender que el acuerdo del Consell del PP en 2013 que consideró la viabilidad técnica y jurídica de la ATE no hace posible emitir un informe negativo y solamente explicar las medidas necesarias para paliar los efectos que pueda tener. Sin embargo, el tribunal le ha respondido que no hay lugar a dudas: se puede corregir el proyecto, pero no denegarlo.

Por su parte, los ayuntamientos en manos de Compromís dan un paso adelante contra la sentencia y el de Manises, personado en la causa, ha sido el primero en anunciar recurso de casación. Por contra, la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, del socialista Arcadi España, ya no puede ganar tiempo por otras vías y tiene que tomar una decisión después de que la respuesta del TSJCV haya vuelto a activar la cuenta atrás para que recurra o no.